“No Existen Ciudadanos de Primera, de Segunda o de Tercera Clase”
Por Manuel Medina Castro
Zaira Villagrana Escareño: “Necesitamos legisladores que se pongan a trabajar para el pueblo y no para unos cuantos. La Reforma Energética nos ha llevado a todo este tipo de circunstancias cuando es una Reforma Energética fallida, porque ahora quieren que el pueblo paguemos sus fallos” (Foto: Merari Martínez Castro)
Lisandro Carrillo, licenciado en derecho, informó en entrevista para Página 24 que desde el punto de vista legal se da una violación constitucional con el aumento del precio de la gasolina por zonas.
Refirió: “Lo inconstitucional se da en los precios distintos en las zonas, por lo que viola el principio de proporcionalidad e igualdad, violentando el artículo 1, 28 y el 25 de la Convención de Derechos Humanos”.
Desde esta perspectiva, sostuvo que se homologó en México el salario mínimo a uno igual en todo el país, “ya que constitucionalmente no existen ciudadanos de primera, de segunda o de tercera clase”.
Tema que se contradice, pues Lisandro Carrillo agregó con el aumento de las gasolinas con el impuesto especial sobre producción y servicios de combustible que hace que la gasolina y el diesel se encarezcan dependiendo de zonas geográficas, retomando nuevamente los ciudadanos por clases que marcan las zonas geográficas propuestas para estos incrementos.
Afirmó que ante esta violación de la constitución y al tratarse de mayor cantidad de impuestos, todos los ciudadanos pueden solicitar un amparo que les permita no pagar esto ya que no es constitucional.
Aunque también recalcó que muy pocos amparos tratando de impuestos, han prosperado en la historia del derecho en México.
Carrillo destacó que en México se tienen serios problemas con la bonanza petrolera que existía en años pasados y cuya reserva está por terminar, por lo que con éste se tiene serios problemas económicos.
Enfatizó que a México le hacen falta alrededor de dos mil 283 mil 432 millones de pesos, para tener finanzas sanas, lo que se tenía como opción recortar el gasto público o ver la funcionalidad de programas sociales y los que no dieran resultados quitarlos.
Finalmente, el abogado precisó que ya que la primera opción tiene que ver con los funcionarios de primer nivel y la segunda con pagos políticos, se optó por una tercera que es aumentar el precio de la gasolina a la población en general.
