Por Manuel Medina Castro

Felipe Pinedo Hernández (Foto Rocío Castro Alvarado

Felipe Pinedo Hernández (Foto: Rocío Castro Alvarado)

Felipe Pinedo Hernández, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) indicó en entrevista con Pagina 24, que este grupo social, apoyará las demandas que sean interpuestas por la violación de los derechos humanos a los habitantes de la comunidad de Salaverna.

Esto ya que el pasado sábado, Don Roberto de la Rosa, delegado de la comunidad de Salaverna, y el asesor jurídico, Efraín Arteaga Domínguez, viajaron a la Ciudad de México, para interponer una denuncia contra quien resulte responsable ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el intento de desalojo con violencia a los habitantes de Salaverna el pasado 23 de diciembre, dónde el Estado utilizó a seguridad pública y a protección civil.

Dicha queja se intenta formalizar durante la visita de Michel Forst quien es relator especial de los Derechos Humanos en la ONU, y viene a México a sostener distintas reuniones con autoridades federales y grupos autónomos en defensa de los derechos humanos.

Al respecto dijo Felipe Pinedo, que “al existir una violación sistemática ante los habitantes de Salaverna por los intentos de desalojarlos, con la fuerza pública, daños psicológicos y morales con la destrucción de las viviendas sin órdenes del juez, existe una clara violación a los derechos humanos, por lo que el Frente apoyará estas quejas”.

Indicó que para el FPLZ es inadmisible que desde el sexenio anterior dirigido por Miguel Alonso, y ahora por el de Alejandro Tello, se sigan cometiendo atropellos contra el pueblo de Salaverna, quienes viven ahí desde épocas atrás, antes de la minera de Carlos Slim, quien intenta desalojarlos.

Por lo que con la queja ante la ONU, dijo Felipe Pinedo que se busca evitar que siga el acoso y la devastación de las viviendas, así como recuperar la tranquilidad de los pobladores de Salaverna.

Indicó que se están dando “acciones de terrorismo psicológico permanente a los pobladores” por parte de autoridades estatales y la empresa minera Frisco Tayahua, por lo que esperan que exista a partir de la queja ante la ONU implicaciones legales, para que estas paren.