Realizan Foro Para el Diseño de la Política Estatal Anticorrupción
Por Cristo González

Durante su intervención, Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), insistió en que “el gran problema que tenemos en nuestro país es la impunidad, principal factor por el que la delincuencia (organizada y común) no disminuye” (Foto: Merari Martínez)
Ayer se realizó el Foro para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción con el tema de Responsabilidades Ciudadanas, la denuncia de actos anticorrupción, en el que los participantes coincidieron que hay pocas denuncias de corruptelas por el temor a ser sujeto de represalias.
Entre otras causas por las que existen pocas denuncias, dijeron, es por desconocimiento de autoridades para interponerla o también por la impunidad ante este tipo de señalamientos, ante lo cual prefieren no interponerlas.
Durante su intervención, Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), insistió en que “el gran problema que tenemos en nuestro país es la impunidad, principal factor por el que la delincuencia (organizada y común) no disminuye”.
“Mientras la impunidad no termine, la condición del país no funcionará por más que tengamos más policías, patrullas, armamento y centros de reclusión”, destacó.
Precisó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (Envipe), arrojó que de cada 100 delitos cometidos se denuncian siete, lo que quiere decir que el 93 por ciento de víctimas no denuncia.
“Es un porcentaje preocupante. De todas las denuncias que se reciben, en 56 por ciento de los casos no pasa absolutamente nada. De los delitos denunciados, en tres por ciento hay sentencia condenatoria”, agregó el magistrado.
Ante ello, cuestionó el por qué la gente no denuncia, señalando que 64 por ciento de los que participaron en la Envipe 2017 dijo que es una pérdida de tiempo, 16.5 refirió que no confía en las instituciones, mientras que 7.7 lo considera como trámites largos y difíciles.
“Queremos que la gente denuncie, estamos interesados, pero no están preparadas las autoridades para enfrentar las demandas interpuestas ni con capital humano, infraestructura, ni elementos técnicos de información para procesar las denuncias”, manifestó.
Indicó que en la medida que den resultados a las denuncias, las cosas van a cambiar, porque si la gente denuncia y no pasa nada, bajarán las quejas.
“Las víctimas son revictimizadas por la impunidad. Si convencemos a la gente a que denuncie, tenemos que dar respuesta, no simplemente que queden en datos”, advirtió Armado Ávalos.
Cifra negra
Por su parte, Salvador Eduardo Villa Almaráz, fiscal especializado el Combate a la Corrupción, expuso que la gente espera respuestas, pues indicó que el punto de partida es la Envipe del Inegi, que establece la cifra negra con datos comprometedores para atender por parte de las instituciones.
Aseguró que la ciudadanía desconoce el canal de denuncia para llevar a las instancias, violaciones a sus derechos o actos constitutivos de delitos.
Lo anterior, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede ser presentada ante el Ministerio Público actos en los que estimen ser meritorios de sanción con protección a los denunciantes.
En su intervención, Jorge Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Nacional, consideró que debe haber buzones de queja y alerta que sirvan como insumo para mejorar los procesos contra las denuncias.
También, Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública, subrayó que en lo que respecta a la responsabilidad ciudadana en el combate a la corrupción, debe existir apertura en temas de transparencia y rendición de cuentas que incida en el combate a la corrupción.
Aunque para esto, dijo, es necesario fomentar la cultura de la legalidad mediante la libertad de expresión ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, diseño de políticas públicas, ejecución, fiscalizando, evaluación y seguimiento, participación activa para el empoderamiento ciudadano.
