En el Parlamento Joven:
Por Manuel Medina Castro
Una de las propuestas que más llamó la atención del Parlamento Joven en el trabajo que presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado fue la correspondiente a reformas penales en materia de aborto, sancionando a quien haga abortar sin el consentimiento de la mujer (Foto: Rocío Castro Alvarado)
Una de las propuestas que más llamó la atención del Parlamento Joven en el trabajo que presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado fue la correspondiente a reformas penales en materia de aborto, sancionando a quien haga abortar sin el consentimiento de la mujer.
La propuesta realizada por los jóvenes Óscar Samuel Montoya Leija, Talía Rivera González, Paola Itzel García Martínez, Devany Alejandra Rojas Menchaca, Flavio César Esparza Guajardo y Sara Cecilia Castañeda Macías.
Los jóvenes propusieron que en el Código Penal únicamente se sancione el aborto consumado cuando falte el consentimiento de la mujer para realizarlo.
Lo anterior para que se establezca en el artículo 310 que propusieron quede de la siguiente manera: “Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Sólo se sancionará el aborto consumado cuando faltare el consentimiento de la mujer para realizarlo”.
Para el artículo 311 propusieron: “Se impondrán de cuatro meses a un año de prisión al que haga abortar a una mujer cuando faltare su consentimiento” y añade que “la prisión será de tres a seis años si mediare violencia física o moral”.
Comentaron los jóvenes que “el aborto y la estigmatización que al respecto de este procedimiento se ha consolidado por siglos, ha obligado a las mujeres a la práctica de abortos clandestinos que tienen consecuencias severas e incluso mortales en su salud física y psicológica”.
Añadieron: “Las mujeres que se ven obligadas a realizarlos. Se exponen a condiciones insalubres que pueden derivar en complicaciones tales como hemorragias, infecciones, alteraciones en la presión arterial, partos obstruidos e incluso la muerte, aunado a lo anterior, las mujeres de aquellos países en los que el aborto se castiga penalmente, se exponen a la persecución del sistema judicial y a la posibilidad de condenas de penas privativas de la libertad, lo que ocasiona estados severos de angustia y afecciones psicológicas como el denominado trastorno de estrés postraumático”.
Asimismo, refirieron que la criminalización del aborto constituye una gravísima violación a los derechos humanos de las mujeres que implica también criminalizar su capacidad moral y su autonomía para tomar decisiones respecto de su vida.
