Legisladores le Dicen a Jehú Salas que le ha Quedado Grande el Puesto
Por Manuel Medina Castro
Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general del Gobierno, compareció ante la LXIII Legislatura, en donde fue cuestionado principalmente en torno a por qué elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) están comisionados a ser escoltas de algunas personas, el fracaso del proyecto de la Presa Milpillas, la ingobernabilidad y la inseguridad (Foto: Cortesía)
Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general del Gobierno, compareció ante la LXIII Legislatura, en donde fue cuestionado principalmente en torno a por qué elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) están comisionados a ser escoltas de algunas personas, el fracaso del proyecto de la Presa Milpillas, la ingobernabilidad y la inseguridad.
Las preguntas fueron hechas por el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Omar Carrera Pérez, quien pidió informara cuál es el procedimiento para que policías sean escoltas de artistas o funcionarios públicos, así como el número de elementos que están cumpliendo esas funciones y al respecto también inquirió Alberto Zamarripa Sandoval del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo anterior en referencia al asesinato de dos policías estatales que fueron atacados a balazos el pasado sábado 3 de octubre en un bar de Guadalupe, hecho del que se desprendió que uno de los elementos era el jefe de escoltas del cantante Pepe Aguilar.
En este sentido, Salas Dávila únicamente se limitó a indicar que esa información la puede precisar el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo López Bazán.
En respuesta, Carrera Pérez refirió que Salas Dávila tiene la obligación de conocer esa información y no debe remitir a la SSP ya que él es responsable de la política interna de Zacatecas, acotó que pareciera que no toman con seriedad las comparecencias al no responder muchos de los cuestionamientos y recordó que las y los diputados no son sus subordinados, son poderes autónomos.
Otro cuestionamiento fue en torno a que se haga cumplir el Contrato por Zacatecas, aquel que firmó el gobernador Alejandro Tello Cristerna cuando apenas era candidato, resaltando el argumento “Si no cumplo, me voy”.
Gabriela Pinedo Morales, diputada local del Partido del Trabajo (PT), fue quien solicitó a Salas Dávila impulse en Zacatecas la revocación de mandato a través de la bancada de las y los diputados del PRI que representan mayoría. Al respecto el secretario general de Gobierno únicamente dijo que el tema de reformar le toca al Poder Legislativo.
Carrera Pérez y Zamarripa Sandoval también preguntaron respecto a la designación de Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el diputado de Morena haciendo especial énfasis en conflicto de intereses ya que es amiga de Salas Dávila.
A lo que Salas Dávila respondió que la designación es imparcial tanto que la LXIII Legislatura la aprobó para el cargo, también recalcó: “No tiene ningún vínculo familiar, como suele darse en Zacatecas”, con ningún funcionario de primer nivel. Alma Gloria Dávila Luévano, Raúl Ulloa Guzmán y Héctor Adrián Menchaca Medrano, todos de Morena, hicieron referencia al fracaso del proyecto de la Presa Milpillas, por lo que el funcionario estatal apuntó que este proyecto desde el inicio tuvo una ruda oposición social y no sólo política. Añadió que las autoridades federales pidieron oposición cero a este proyecto para poder seguir impulsando el presupuesto.
En tanto, Mónica Borrego Estrada, diputada de Morena, comentó a Salas Dávila que en Zacatecas no hay gobernabilidad, que a él le ha quedado grande el puesto, que en la entidad la inseguridad sigue siendo uno de los más grandes problemas, argumento al que se sumó Edelmira Hernández Perea, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien sostuvo que los recursos invertidos no han dado resultados.
Salas Dávila reconoció este problema y dijo que sigue siendo la labor y la asignatura pendiente para Zacatecas y todos los estados del país, añadió que mientras no recuperemos la gobernabilidad mediante la prevención del delito en los municipios y en la formación de los policías, no se cambiará ese panorama.
Referente al número de fosas clandestinas, puntualizó que el gobierno estatal reconoce 209, número que se tiene registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), que el dato estatal es contrario a las 331 fosas que registra el informe del gobierno federal de 2006 a 2020, dado a conocer el pasado miércoles por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
