Pero Cuando se Compruebe, no Antes: Antonio Sánchez
Por Cristo González
Antonio Sánchez González, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) (Foto Archivo Página 24)
Trascendió que Gustavo de Hoyos Walther, ex presidente nacional de la Coparmex celebró y consideró como un triunfo de la alta burguesía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal y usar facturas falsas.
Al respecto, Antonio Sánchez González, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) declaró que es un tema en el que diversas organizaciones pusieron en manos de la corte para que emitiera su opinión.
La Coparmex aportó elementos a esta determinación que en 2019 por iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se aprobaron reformas que convirtieron ciertos delitos fiscales en un asunto de seguridad nacional, para ameritar que algunos delitos que no ameritaban prisión preventiva tuvieran este carácter.
Con esto es que el supuesto infractor es detenido antes que cualquier fiscalía realice investigaciones de lo que es acusado, es donde se puso el punto de discusión.
Hasta antes que se discutiera el asunto en la corte lograban que se vinculara el proceso para que automáticamente se enviara a prisión preventiva a una persona, lo único que se necesitaba es que hubiera algo de evidencia donde quizá alguien estuviera involucrado en un delito, y de ahí a prisión para evitar su posible fuga.
Se considera que la prisión preventiva es una privación ilegal de la libertad, porque sin una razón justiciada son llevados a prisión.
La Suprema Corte invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes de las llamadas factureras.
“Lo que ocurrió es algo que marcará la vida del país, porque se empieza a respetar el derecho fundamental de los mexicanos que es conservar la libertad mientras no se compruebe que merecemos una pena de cárcel”, detalló Antonio Sánchez.
No obstante, no están en contra que se castigue la defraudación fiscal porque se debe juzgar a quienes lo cometan.