En 2020, el portal Compranet registró 157 mil 817 contratos públicos, y el programa de testigos sociales sólo a 37 personas físicas: “las autoridades convocantes no deberían llevar a cabo este procedimiento si no existe esa figura”, señaló.
Para minimizar el riesgo de que se presenten actos de corrupción en los procesos de contrataciones públicas es indispensable aumentar la figura del “testigo social”, profesionalizar a los servidores públicos encargados de compras y contar con información relacionada con sanciones y multas, aseguró la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, durante su participación en el Seminario Internacional de Contratación Pública “Comprar bien, para vivir mejor”.
En México, la figura del testigo social se creó en 2004 para propiciar un espacio de colaboración entre sociedad y gobierno y contribuir a la integridad de las compras públicas. El “testigo social” está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las dependencias y entidades gubernamentales tienen la obligación de convocarlos.
Sin embargo, aseguró, en 2020, el portal Compranet registró 157 mil 817 contratos públicos y el programa de testigos sociales sólo a 37 personas físicas: “No es posible que no existan testigos sociales participando en estos tipos de concursos; las autoridades convocantes no deberían llevar a cabo este procedimiento si no existe esta figura”, destacó.
En el foro, organizado por la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, presidida por el Maestro Raúl Cazares Urban, la Comisionada del INAI aseguró que la participación de la sociedad en los procesos de compras tiene como fin fortalecer los mecanismos para transparentar las contrataciones, y avanzar hacia la consolidación de la cultura de la rendición de cuentas.
Por ello, dijo, desde hace 4 años, el INAI se comprometió a implementar y promover el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) en México, un instrumento que contempla los elementos mínimos indispensables para documentar compras y adquisiciones a lo largo de todo el proceso, y que se ofrece de manera gratuita a las entidades federativas a través de un convenio de colaboración con el órgano garante local.
Zacatecas fue la primera entidad en implementarlo y actualmente 19 organismos garantes lo implementan.
Del Río Venegas destacó también la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo del órgano garante, así como del buscador general y de los cinco temáticos, entre ellos el de contratos, que permiten a la población acceder a la información generada por las autoridades de manera rápida y sencilla y rápida, y “por lo tanto es una herramienta que suma al combate a la corrupción en contrataciones públicas”.
Adicionalmente, Norma Julieta del Río Venegas dijo que es indispensable contar con información oportuna relacionada con sanciones y multas; y profesionalizar a los funcionarios públicos a cargo de los procesos de contratación, y vincular el funcionamiento de los sistemas nacionales de Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción.
“No descuidemos a toda la estructura de los servidores públicos”. Los trabajos continuarán de manera remota hasta el 17 de diciembre y podrán seguirse a de manera remota a través de las redes sociales de la Red Nacional de CPC Anticorrupción.