Y Acusa a Líder Sindical de “Fraude Procesal”
Por Rubén Palomo Macías
El alcalde del municipio de Trancoso, Antonio Rocha Romo, informó a Página 24 Zacatecas que los laudos pendientes del municipio se encuentran en un proceso de judicialización debido a que se demandan prestaciones que, en muchos casos, ya se habían pagado, apuntó que existe un abuso ya que se pretenden realizar cobros dobles.
“Nosotros nos estamos defendiendo ya que a eso le llamamos fraude procesal, no había motivo por el cual tenían que cobrar dos veces y abusar de las arcas municipales para beneficios personales, esto no lo podemos permitir”, mencionó.
Antonio Rocha mencionó que algunos de los laudos ya han sido cubiertos y se está realizando una organización para sanear otros adeudos que dejaron las administraciones anteriores.
“Nos dejaron destrozado el municipio, cuando entré, con la administración, las deudas a corto plazo eran de 25 millones de pesos y lo hemos logrado reducir a solo 18 millones. Esto en verdad es complicado ya que el municipio recibe sólo 26 millones de pesos de gasto corriente al año, pero estamos trabajando para solucionarlo de la mejor manera”, aseguró.
Además Rocha Romo comentó que se tiene una demanda en curso en contra de Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), por fraude procesal.
“La demanda también se lleva por fraude procesal, ya que se aprovecha de circunstancias para hacer lucro y llevarse dinero a sus bolsillos que no le corresponde. Él mismo lo ha dicho, no es un líder sindical y reconoce que no está registrado en ningún sindicato y cobra cuotas a trabajadores, lo que busca es hacer negocio”, mencionó.
Finalmente el alcalde agregó que se realizará y presentará un amparo para agilizar los trámites de la demanda, aunque la misma ya se encuentra en un punto avanzado, comentó.
Nota de la Redacción: Se considera un fraude procesal cualquier hecho que se interponga en un proceso judicial por medio del que se intente obtener un beneficio indebido para la persona o para otro, que simule un acto jurídico, que altere los medios de prueba y los presente ante la Justicia o que realice actos tendientes a inducir a un error de la autoridad judicial o administrativa.