Luego de la glosa por el Primer Informe de Gobierno, la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, destacó que el ejercicio evidenció fielmente el rostro de la Nueva Gobernanza y de un gabinete totalmente desarticulado que no abona a la transparencia, con casi la totalidad de funcionarios que mienten y se esconden en la retórica más burda para no informar que este primer año sus dependencias y la administración estatal está sumida en el fracaso y con ella el desarrollo de Zacatecas.
La diputada por Acción Nacional, realizó un balance que calificó como nada positivo, en tanto que los 16 funcionarios que se presentaron ante el pleno hicieron todo para no responder los cuestionamientos de los legisladores, en un ejercicio que -dijo- debería de ser de rendición de cuentas, resultó un performance de protagonismos y de cinismo de parte de la nueva gobernanza.
Destacó que uno los episodios más lamentables de los que se tenga registro en la Legislatura del Estado, fue el desacato de Maribel Villalpando Haro, secretaria de Educación, en donde el bloque oficial insistió en sostener la mentira de que la funcionaria estuvo en el recinto legislativo, a pesar de que se le demostró mediante videos donde se acreditó que la funcionaria no pisó el recinto, y que el boicot orquestado por Morena se fraguó desde días antes para proteger a la funcionaria, hecho que la diputada por Acción Nacional calificó como lamentable al señalar que el poder unipersonal y de grupo trastoca la vida institucional de esta 64 legislatura, “seguiremos dando la batalla política para que prevalezca la institucionalidad y el interés común al que nos debemos las y los diputados que es la gente de Zacatecas”.
La legisladora informó que derivado de dicho desacato ante un poder autónomo como es el Congreso del Estado, el pasado viernes se admitió la denuncia de Juicio Politico en contra de la titular de la SEDUZAC, con cuatro votos a favor de los diputados Jehú Salas Dávila (PRI), Enrique Laviada Cirerol (PRD), María del Mar de Ávila Ibargüengoytia (PAN) y Xerardo Ramírez Muñoz (PT), y tres en contra: Fernanda Herrera Miranda (Verde), Armando Delgadillo Ruvalcaba e Imelda Mauricio (Morena), y en el que se notificará a la funcionaria, para que en el término de 10 días hábiles para responder conforme a sus intereses, en tanto que una vez que se tengan los elementos regresa a comisiones para que se proceda con el Juicio Político y se separe del cargo, o bien no se encuentren elementos suficientes y sólo la Secretaría de la Función Pública sancione conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos o que se declare la improcedencia del juicio político sin que exista ni ninguna sanción.
Respecto a la comparecencia de titular del Issstezac, José Ignacio Sánchez González, se informó que de manera evasiva y poco clara respondió a los cuestionamientos que de Ávila Ibargüengoytia realizó en el pleno, en donde se le solicitaron los nombres de los presuntos saqueadores de las finanzas del instituto y las denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes, así como lo relacionado con la posesión legal de todas las propiedades del instituto, en tanto en la réplica la diputada panista calificó como “lamentable como el ejercicio del servicio público llega a corromperse por el simple capricho y por la obediencia mansa de un funcionario del que, a un año de esta nueva gobernanza, hemos visto su torpe actuar y su escaso oficio frente al instituto, conduciéndose solo con engaños, falsos argumentos y triquiñuelas para no pagar lo que corresponde a jubilados y pensionados”.
De Ávila Ibargüengoytia detalló que en el caso del titular de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, se le cuestionó sobre los Estímulos por Responsabilidad en el Cargo, también conocidos como la Nómina Secreta, a lo que el funcionario respondió que dichos estímulos corresponden a una compensación que ya estaba contemplada y que fue ministrada a secretarios de primer nivel de forma retroactiva, además de solicitarle sobre los nombres de los implicados en actos de corrupción y quebranto a las finanzas públicas de los implicados en la llamada Herencia Maldita, a lo que respondió se haría llegar por escrito.
La legisladora, reprochó la falta de seguridad de los funcionarios de primer nivel como el caso de la comparecencia de Laura Elvia Bermúdez Valdés, titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), se le cuestionó sin que respondiera de manera clara sobre las acciones impulsadas a través del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, así como la situación de los 43 fraccionamientos irregulares asentados en el municipio de la Capital.
En lo referente a la política interna del Gobierno Estatal, Mar de Ávila cuestionó a la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales sobre las razones por las que a un año de gobierno se cerraron los canales de interlocución con sectores sociales importantes que no están siendo atendidos mediante el dialogo y solución de sus demandas, pero sobre todo a la poca sensibilidad que se ha mostrado frente a la problemática social por la que atraviesa Zacatecas, inmerso en crisis económica y de violencia.
La diputada señaló que se le cuestionó –sin obtener respuesta- si en el ejercicio de su cargo, cuenta con la independencia en la toma de decisiones y adecuada coordinación con el Gobernador y sus asesores, o si tiene presiones externas al Poder Ejecutivo, en tanto que la funcionaria estatal se limitó a asegurar en que se ha atendido a todos los sectores sociales y sus demandas.
De Ávila Ibargüengoytia señaló que, en el caso de Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SAMA), mostró un conocimiento y dominio del manejo de la secretaría su cargo, además de disposición para mediar e impulsar la interlocución en este tema que es de vital importancia para la comprensión amplia sobre el cuidado y sustentabilidad del medio ambiente en especial en lo relativo a la crianza del toro de lidia, “externamos nuestra voluntad para participar en los foros que impulsa para el diálogo entre ambientalistas y sectores como galleros, taurinos, charros y otros”, señaló.
Tocó la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, general en retiro Adolfo Marín Marín, en lo que la diputada panista calificó como la más indignante en tanto que un tema sensible como es el clima de inseguridad que mantiene a Zacatecas secuestrado, el secretario –dijomantuviera de manera cínica y obstinada la postura en todas sus respuestas que el Plan Zacatecas II da resultados y que los medios magnifican la realidad de lo que sucede en la entidad en torno a la seguridad”.
Durante la comparecencia se proyectó un video con algunas de las notas de medios nacionales e internacionales como Al-Jazeera que dan cuenta de la situación de inseguridad que priva en Zacatecas, en tanto en la segunda ronda de preguntas y respuestas la diputada exigió se Pedimos al secretario, olvidarse de los datos y estadísticas, “y reconozca que la inteligente delincuencia organizada ha rebasado a las corporaciones policiacas”.
Compareció de igual forma Carlos Zúñiga Rivera, titular del al Secretaria de Desarrollo Social, a quien de Ávila Ibargüengoytia cuestionó –sin que respondiera con claridad y suficiencia- sobre la metodología para evaluar los programas sociales, así como por el padrón de madres solteras y jefas de “de igual forma dejó en el aire la respuesta sobre los subejercicios de la Sedesol que podrán ascender a más de 900 millones, además de no ejercer aún los recursos del Ramo 33, tampoco explicó su dobleteo de funciones como coordinador de giras del gobernador, organizador de eventos sociales, acompañante y asistente del ejecutivo estatal”.
Final remate en el caso de las secretarías de la Mujer (Semujer), Obras Públicas (SOP), de Salud (SSZ), Turismo (Secturz), Economía, Campo e Incufidez con Zaria Villagrana Escareño, Guillermo Carillo Pasillas, Guillermo Carrillo Pasillas, Uswaldo Pinedo Barrios, Le Roy Barragan Ocampo, Rodrigo Castañeda Miranda, Jesús Padilla Estrada y Javier Núñez Orozco respectivamente la legisladora cuestionó el actuar los funcionarios en temas que versaron sobre el manejo financiero de sus direcciones, maltrato laboral, demandas, adquisiciones y licitaciones a modo, desabasto de medicamentos, dobleteo en plazas laborales, nulo crecimiento en materia económica y desarrollo en la entidad, administración de bienes inmuebles entre otros, respectivamente.