Sedena
Desde 2007 se han abierto por lo menos 147 procesos penales contra 308 militares por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, señala un documento interno de la Sedena hackeado por el colectivo Guacamaya
Por Diana Lastiri
De los 308 procesos penales contra militares, sólo 19 fueron sentenciados, pero la gran mayoría de éstos –16– resultaron absueltos/Foto: Cuartoscuro
Diciembre 25, Ciudad de México (apro).- Las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantienen a por lo menos 308 integrantes de la dependencia sujetos a procesos penales por los delitos derivados de estas irregularidades.
Este registro, que data de 2007, en plena guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón y hasta septiembre de 2021, forma parte de los miles de informes hackeados por el colectivo Guacamaya y señala que existen 147 expedientes relacionados con procesos penales iniciados contra elementos castrenses derivados de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de ello, en los últimos dos sexenios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) únicamente ha emitido 45 recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de la Sedena.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la CNDH emitió 22 recomendaciones a la Sedena por violaciones a derechos humanos, mientras que en lo que va del presente sexenio, con corte hasta el 13 de septiembre de 2022, el organismo había emitido 23 recomendaciones.
De las 45 recomendaciones emitidas en prácticamente una década, 15 fueron por violaciones graves a derechos humanos; cuatro ya fueron concluidas y aceptadas con cumplimiento total, mientras que, de las que están aún en trámite, cinco no han sido contestadas por la Sedena.
Proceso requirió a la CNDH el número de víctimas y elementos castrenses señalados como responsables en las recomendaciones emitidas del 1 de diciembre de 2012 y hasta el 13 de septiembre pasado. Sin embargo, el organismo únicamente dio detalles relacionados con siete recomendaciones. Así, en una de las dos recomendaciones emitidas en 2015 identificó a cuatro elementos del Ejército como responsables y cuatro víctimas; y en la otra, por violaciones graves, 18 militares responsables y una víctima; en la recomendación emitida en 2014, 18 militares fueron responsabilizados por violaciones a derechos humanos de 46 víctimas; en las tres recomendaciones de 2013 señaló un total de 27 militares responsables y 19 víctimas.
La información remitida por la CNDH señala que los principales estados en los que ocurrieron las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Sedena, son Tamaulipas, con seis recomendaciones; Baja California y Guerrero, cuatro cada uno; Nuevo León, Michoacán y el Estado de México, con tres cada uno.
Proceso informó (número 2406) que durante la administración de Rosario Piedra al frente de la CNDH, el organismo ha “avalado” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza que se encuentra en contexto de militarización desde hace 20 años.
Entre las seis recomendaciones emitidas en los últimos dos sexenios por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en Tamaulipas destacan actos como uso excesivo de la fuerza que provocó la pérdida de la vida de dos personas en Nuevo Laredo, emitida en 2021; negligencia médica en el Hospital Militar de la entidad, emitida en 2017 y una por agresión sexual cometida dentro de instalaciones castrenses de Nuevo Laredo, emitida en 2016.
De las 10 recomendaciones emitidas de enero al 13 de septiembre de este año, seis fueron por violaciones graves tales como tortura, detención arbitraria, violencia sexual, desaparición forzada, violación al derecho a la vida y retención ilegal.
En 2021 fueron emitidas cuatro recomendaciones, una por violaciones graves cometidas en Guanajuato por detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria.
Mientras que en 2020, durante el inicio y punto más álgido de la pandemia de covid-19, fueron emitidas cinco recomendaciones, dos por violaciones graves cometidas en Chihuahua y Tabasco por detención arbitraria, retención ilegal, tortura, homicidio, violación sexual y desaparición forzada transitoria.
Al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante el primer año de gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH, el 2019, el organismo emitió cuatro recomendaciones, dos por violaciones graves, una de ellas por detención arbitraria y desaparición forzada durante el periodo conocido como la Guerra Sucia y otra por uso excesivo de la fuerza en agravio de una familia entre cuyos integrantes se encontraban dos adolescentes, en el Estado de México.
Indiciados, prófugos, absueltos…
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército también han derivado en la comisión de diversos delitos, como abuso de autoridad, violaciones sexuales, homicidio, tortura, entre otros.
Por estas conductas actualmente existen 147 procesos penales abiertos contra 308 integrantes de la Sedena, según el informe del Comité de Procesados y Sentenciados sobre Personal Militar involucrado en conductas ilícitas consideradas como violaciones a Derechos Humanos, derivadas de las recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de esta Secretaría, hasta septiembre de 2021, que forma parte de los miles de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya.
Pese a que en el documento se refieren recomendaciones emitidas por la CNDH durante la administración actual, ninguna está relacionada con hechos cometidos por integrantes de la Sedena en este sexenio, en el que López Obrador ha priorizado mantener la presencia del Ejército en labores de seguridad pública.
De los procesos penales reportados, 151 militares tienen calidad de indiciados o son investigados como probables responsables; 19 ya están sentenciados; sin embargo 16 de ellos fueron absueltos; 107 están en calidad de procesados, es decir, que un juez federal ya les dictó auto de formal prisión y 15 más permanecen prófugos.
Entre los casos que destacan está el de un subteniente de infantería que el 12 de marzo de 2005 llegó a su nueva unidad y al darle la bienvenida, su superior le indicó que ingiriera bebidas alcohólicas al punto tal en que falleció posteriormente por broncoaspiración.
Por el asunto se inició la averiguación previa SC/135/2005/V el 28 de julio de 2005 y fue consignada al año siguiente con la causa penal número 254/2006 ante el juzgado Sexto Militar por abuso de autoridad en su modalidad de exigir a sus subordinados actos que no tengan relación con el servicio.
En enero de 2007 el jefe que instó al subteniente a ingerir bebidas alcohólicas fue absuelto, pero la CNDH emitió su recomendación el 2 de abril de 2007 y el 15 de junio de 2007 se dictó una nueva sentencia de cuatro meses de prisión contra el indiciado; ese mismo mes la Sedena pagó a la familia de la víctima la reparación del daño recomendada por la Comisión.
Casos emblemáticos
También está el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años que el 25 de febrero de 2007, en plena guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón, murió a causa de lesiones en órganos vitales originados por una violación múltiple supuestamente cometida por cuatro elementos del Ejército mexicano en la comunidad de Tetlacinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz.
La CNDH emitió recomendación el 3 de septiembre de 2007 y la Procuraduría Militar inició la averiguación previa número 26ZM/04/2007, pero el 12 de septiembre de ese año se autorizó el archivo de la misma porque el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal.
En el documento de la Sedena se señala que se autorizó no proceder contra los militares porque en sus investigaciones no se acreditó responsabilidad penal al personal denunciado, porque la muerte de Ernestina se debió a una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo consecutiva a úlceras gástricas pépticas activas, tenía neoplasia maligna hepática y neumonía que en conjunto le provocaron la muerte.
La Sedena está en proceso de acreditar ante la CNDH que ya cumplió con la recomendación que emitió.
Se da cuenta del expediente del caso Castaños, donde en 2006 un grupo de militares irrumpió en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, en la que golpearon y violaron a 14 mujeres que se desempeñaban como bailarinas o trabajadoras sexuales.
El caso fue dividido en dos investigaciones, una por abandono de servicio, que fue consignada ante el Juzgado Militar de la III Región Militar con número de causa penal 2526/2006, mientras que, por el delito de violación calificada y lesiones, la investigación fue enviada a la delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en Coahuila, que consignó el expediente ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Monclova.
En el asunto ante el fuero castrense, un sargento fue sentenciado a 25 años de prisión y un cabo a tres años –actualmente se encuentra prófugo–, un soldado más recibió 15 años y otro 15 años y 8 meses; un oficial fue condenado a 18 años de prisión, pero está prófugo y tres integrantes de tropa fueron absueltos.
Por la violación sexual, que investigó la PGR, la Sedena identificó a ocho de sus elementos implicados, seis que fueron procesados en el fuero de guerra.