“Tienen la responsabilidad y el deber de garantizar derecho a la información”

Febrero 5, Ciudad de Méxi­co (apro).- El Ins­tituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso­nales (INAI) ordenó a la Fis­calía General de la República (FGR) dar a conocer las 83 ór­denes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa, según lo difundido en el comunicado FGR 387/22, del 19 de agosto de 2022, precisando contra de quiénes se giraron, qué delito se les imputa y el número de identificación.

Adicional a la información de las 83 órdenes de aprehen­sión referidas en el comuni­cado, una persona solicitó a la FGR datos sobre las otras 21 órdenes de las que pre­suntamente se desistieron los Ministerios Públicos, en el contexto de la renuncia del Titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa.

La FGR respondió no haber solicitado órdenes de aprehensión y tampoco ha­berse desistido de ninguna, motivo por el cual la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revi­sión ante el INAI.

En alegatos, la Fiscalía precisó que el nombre de los presuntos responsables e im­putados es información reser­vada y confidencial. Asimis­mo, reiteró que no localizó dato sobre cancelaciones de órdenes de aprehensión.

Se determinó que la FGR no acreditó haber hecho una búsqueda exhaustiva de la in­formación solicitada, ni brin­dó certeza a la persona sobre el criterio utilizado para loca­lizar los datos de las 83 órde­nes de aprehensión.

Se advirtió también que no hay evidencia de que la Fis­calía haya considerado en la búsqueda de información el contexto y los elementos pro­porcionados por la persona so­licitante, como el comunicado FGR 387/22, donde se men­ciona que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, lo cual hace pre­sumir que la FGR sí cuenta con los datos solicitados.

Al presentar el proyecto de resolución ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alca­lá Méndez señaló que la des­aparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayo­tzinapa, es uno de los eventos de la última década que ha conmovido y consternado a la sociedad mexicana, y sobre el cual se debe garantizar el ac­ceso a la información.

“A casi 10 años de lo ocurri­do, de este lamentable evento, las investigaciones siguen en curso, y sobre éstas, existe la responsabilidad y el deber de garantizar el derecho humano a la información, ya que este derecho, estoy convencido, es una herramienta que abonará de manera efectiva a la garan­tía de los derechos de acceso a la justicia, a la memoria y a la verdad”, subrayó.