“Julio César es Coautor del Homicidio Doloso del Abogado Raúl Calderón”
Por Nallely de León Montellano
Julio César Chávez Padilla (Foto: Archivo Página 24)
En sesión ordinaria, el diputado Enrique Laviada Cirerol, presidente de La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV legislatura, dio lectura de la solicitud en la que Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado (FGE), remite “el acuerdo de declaratoria de procedencia, de remoción del fuero constitucional y separación del cargo de Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, por su presunta participación como coautor en los hechos que la Ley señala como homicidio calificado y robo calificado, en perjuicio del conocido abogado Raúl Calderón Samaniego”.
La solicitud presentada el pasado lunes 17 de enero alrededor de las 9:00 de la noche ante la Jucopo, fue turnada para leerse en el punto número 5 en voz de Enrique Laviada; asimismo, Murillo Ruiseco también remitió una orden de aprehensión que fue girada por la jueza de control María de Jesús García González con la cual la legislatura complementa el trámite mencionado.
En tanto, en entrevista colectiva, el diputado de MC expuso que la solicitud presentada por el fiscal será atendida con la debida constitucionalidad, así como la seriedad que amerita el caso que, dijo, merece un estricto apego a la legalidad; posteriormente, la solicitud fue turnada a la comisión jurisdiccional para ser estudiada y dictaminada.
El diputado local expuso que, como presidente de la comisión legislativa de jurisdicción, ha convocado que este miércoles 19 de abril se lleve a cabo la instalación de la misma, “a efecto de que se de cuenta formal e institucionalmente la petición de la fiscalía, y quede abierto para su análisis discusión y finalmente dictamen”.
También comentó que el poder legislativo cuenta con 10 días hábiles para emitir una resolución con respecto al desafuero del funcionario en cuestión, lo cual, insistió, se hará con estricto apego a la legalidad, debido a la gravedad del caso.
“Lo que seguiría es que se presentara un dictamen en el pleno, y en el pleno se discuta ese dictamen; en ese inter el imputado tendrá todos los recursos que considere necesario interponer él o su defensa”.
El diputado subrayó que desde la legislatura no entrarán en el fondo del asunto señalado, tomando en cuenta que su función no es la de juzgar, sino determinar si procede o no el desafuero para que la orden emitida por la jueza sea debidamente ejecutada.