Diputados le Quitan el Fuero
Por Nallely de León Montellano
Los diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el desafuero y separación del cargo del ahora expresidente del municipio de Guadalupe Julio César “N” (Foto: Diana Moreno Valtierra)
Con 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones tomando en cuenta la ausencia justificada de dos legisladores, este viernes las y los diputados de la LXIV Legislatura constituidos en jurado de instrucción, aprobaron el desafuero y separación del cargo del ahora expresidente del municipio de Guadalupe Julio César “N”, quien enfrentará un proceso penal por su presunta participación en el homicidio y robo calificado en contra del abogado Raúl Calderón Samaniego.
Luego de una larga jornada legislativa cuyo debate ‘se instauró en la elaboración de un dictamen viciado, así como la violación del derecho de presunción de inocencia del imputado’, según dijo el abogado defensor del exalcalde, al ser aprobado, las y los diputados reiteraron que el desafuero no determina la culpabilidad del exfuncionario Julio César, sin embargo, serán las instancias judiciales quienes con base en las investigaciones determinen si existe -o no- responsabilidad en la comisión de dichos delitos.
Durante la sesión ordinaria de este viernes, las y los integrantes de la LXIV Legislatura sometieron a votación el dictamen sobre la solicitud de declaración de procedencia y separación del cargo presentada el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado FGJE), Francisco José Murillo Ruiseco en contra de Julio César “N”.
Durante la discusión del dictamen, el diputado petista Xerardo Ramírez expresó que, “no es cacería de brujas ni linchamiento político, o persecución política, sino la aten ción de los elementos presentados al Poder Legislativo, con base a la valoración de una jueza de control, por lo que, advirtió que emitirá su voto basándose en los principios que marca la Ley.
En este contexto, aclaró que su voto a favor de quitar el fuero constitucional al acusado sea cual sea la resolución del caso, no juzgará el destino del imputado, sino únicamente quitar la inmunidad constitucional para que pueda ser debidamente procesado. Maribel Galván Jiménez expresó su preocupación con respecto al contenido del dictamen previamente leído por Enrique Laviada, pues refirió que no se le ha brindado al acusado el derecho de audiencia, mismo que, dijo, no fue respetado por el Poder Legislativo.
Ante ello, también manifestó su voto a favor del dictamen, sin embargo, dijo, quedarán dudas sobre el contenido del mismo; su voto a favor, dijo, obedece a un principio de congruencia para darle cauce a la actuación de la autoridad judicial para que esta realice su trabajo.
“Lo más prudente es que las autoridades realicen su trabajo y que se siga respetando el principio de presunción de inocencia que lamentablemente aquí fue vulnerado”.
De igual modo, Violeta Cerrillo Ortiz manifestó su voto a favor del dictamen, sin embargo, también reprochó que se violó el debido proceso del acusado, y expuso que en Zacatecas 40% de los presos son inocentes.
En este contexto resaltó que “se perdió la posibilidad de llevar un proceso justo y apegado a derecho”, y criticó la acción de los dirigentes de los partidos PRI PAN PRD, quienes en días pasados ofrecieron una conferencia de prensa para emitir una postura con respecto al caso. Aseveró que la intención de los representantes políticos de oposición es “sacar raja política” de lo ocurrido, y al mismo tiempo se alegran de lo que le acontece al imputado y, por ende, del sufrimiento de la familia de la víctima.
María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, resaltó que el fuero constitucional no protege al funcionario como persona, sino las responsabilidades que ostenta como presidente municipal, por lo que se declaró a favor de retirarle el fuero constitucional al Julio César “N”.
Priscila Benítez Sánchez resaltó la obligación de las y los servidores públicos para actuar conforme a los principios de honradez, imparcialidad y eficiencia pronta y expedita; respecto al caso en cuestión, comentó que todo procedimiento penal debe regirse por el principio de presunción de inocencia y del debido proceso.
Por la gravedad de los ilícitos que señalan al funcionario público, advirtió que su voto será emitido a favor del dictamen para separar del cargo a Julio César “N” como presidente municipal de Guadalupe.
José Juan Mendoza, resaltó que “el ejercicio del poder envenena y termina desquiciando a los que no saben asimilarlo”, y resaltó que existe un gran número de políticos que, llegando al poder sacan a relucir sus verdaderas patologías, “creyendo que pueden estar por encima de los demás mortales y decidir sobre la vida de otra persona”.
Lamentó que a la situación que enfrenta Zacatecas en materia de seguridad, se le añade la presunta conducta delictiva del exalcalde de Guadalupe, sin embargo, subrayó que el proceso legislativo es un tema de responsabilidad en conjunto con la fiscalía y el poder judicial.
“No vamos a revisar cuestiones de fondo, vamos a quitar obstáculos para que las autoridades jurisdiccionales puedan actuar en consecuencia”.
Añadió que la judicialización del caso de Raúl Calderón deberá ser el cauce con el que se trabaje el resto de las carpetas de investigación, las cuales, en su mayoría continúan sin ser resueltas.
Ernesto González Romo, poniendo las siglas del partido que milita (Morena), dijo que el acusado no buscó hacer efectivo su derecho a la presunción de inocencia por lo que, aclaró, que el actual proceso de desafuero se está votando -históricamente- en lapso menor a 25 días, como lo marca la Ley.
Recalcó que emitió su voto a favor para que el imputado pueda llevar su proceso debidamente y así, la autoridad competente pueda determinar la culpabilidad o inocencia de Julio César “N”. Subrayó que la situación que ocurre no es motivo de alegría.
Jehú Salas Dávila refirió que la discusión en cuestión ha brindado un ambiente de angustia entre las y los legisladores, así como a la familia de la víctima y del exservidor público imputado, y coincidió con la opinión de otros diputados respecto a la responsabilidad de no juzgar al acusado, sino quitarle la inmunidad constitucional para que se lleve a cabo el debido proceso penal.
“Estamos ante una declaración de procedencia de desafuero que no se trata de un juicio, es una declaración de procedencia y en las condiciones de este procedimiento no se juzga si hay o no un delito; tampoco se califica si hay culpa o no de servidor público que está siendo imputado, se trata de una simple ponderación política de un órgano político que se reduce a decidir si el servidor público que está siendo imputado debe llevarse a cabo en este momento, o hasta que concluya su cargo”.
Gabriela Pinedo Morales, también se pronunció a favor del dictamen y, dijo, que “el debido proceso debe observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de ejercer el derecho de audiencia y la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas”.
Enrique Laviada Cirerol, presidente de la comisión jurisdiccional y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resaltó que la comisión Jurisdiccional analizó la situación con responsabilidad y dignidad para actuar y procesar el dictamen “a sabiendas de que nuestros reglamentos están completamente desfasados en materia penal y tuvimos que aplicar la razón parlamentaria y la racionalidad en el proceso”.
Dijo que la actual experiencia coloca a la legislatura en el reto parlamentario de adecuar y actualizar los marcos legales, sin embargo rechazó los señalamientos hacia los legisladores respecto a haber actuado de mala fe durante la elaboración del dictamen; “no hay dictamen perfecto pero yo no me atrevería a invitarlos a votar por un dictamen plagado de vicios y errores, jamás los llamaría a votar por un dictamen donde se hubieran violados los derechos humanos y se hubieran puesto en duda los principios constitucionales”.
Aseguró que se garantizó el derecho de audiencia del implicado, lo cual justificó con la presencia de la defensa de Julio “N” en las instalaciones del poder legislativo, y en la sesión de la comisión jurisdiccional donde, el abogado defensor manifestó de manera pública sus argumentos sobre la recusación de Laviada y Mendoza, misma que fue declarada improcedente.
Concluyó invitando al resto de los legisladores a votar en favor del dictamen elaborado con la finalidad de determinar el paso al retiro de la inmunidad (fuero) constitucional de la persona señalada para que pueda comparecer ante la justicia.
Derivado de dicha acción legislativa, el proceso del imputado quedará a cargo de la FGJE quien por orden de una jueza de control, el pasado lunes presentó ante la legislatura una orden de aprehensión contra Julio “N” y su esposa María de Jesús ‘Susy’ “N”, quienes serán procesados como presuntos coautores de los delitos de asesinato y robo en contra de Raúl Calderón.