La Mayoría son por Despido Injustificado: Ricardo Hernández
Por Nallely de León Montellano
Ricardo Humberto Hernández León, responsable de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, dio a conocer que en esta administración existen 505 convenios los cuales en su momento tuvieron la figura de demanda laboral, pero se pudo llegar a la conciliación, asimismo, el recurso destinado a dichos asuntos fue de 17 millones y medio aproximadamente, quedando pendientes un aproximado de 86 demandas laborales.
En este contexto, explicó que también existen al menos 70 demandas laborales del sexenio anterior, las cuales, una parte están llevando el proceso en el Centro de Conciliación laboral y otra en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática.
En cuanto a las 70 demandas mencionadas, expuso que el recurso es variable debido a la antigüedad de los juicios, y pudieran ser varios millones de pesos; de estas demandas la mayoría son por despido injustificado, sin embargo, Hernández León refirió que están buscando la vía para lograr llegar a un convenio con la parte que demanda.
“Son funcionarios de nivel medio superior (subsecretarios), con puesto de confianza o temporales, que inclusive se les informó y aún así volvieron al trabajo, se les informó que habían terminado y por eso demandaron”, señaló.
Ante dicha situación, el coordinador jurídico explicó la importancia de aplicar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Centralizada, así como a la Ley del Servicio Civil de Carrera, con la finalidad de establecer la periodicidad de las y los servidores públicos con contrato definido o de confianza, a fin de evitar el incremento de demandas laborales y en consecuencia grandes pérdidas financieras.
“Esta iniciativa la presentarían en el próximo periodo ordinario, porque hay que socializarla; que se establezca primero la periodicidad, el cargo y cuáles son los cargos que son de confianza y pueden ser removibles de acuerdo a la voluntad del gobernador o del titular que corresponda: puede ser presidente municipal, o del poder ejecutivo”, agregó.
Por otro lado, señaló que existen 46 juicios cuya antigüedad excede los 12 años, y el monto resulta mayormente elevado, en comparación con los juicios actuales, lo que, para algunas dependencias gubernamentales, pagar estos laudos pudiera significar grandes pérdidas financieras, tal como el caso de la presidencia de Trancoso, que tenía que pagar ocho laudos, lo que implicaba un riesgo financiero importante para el ayuntamiento.