La Secretaria de la Función Pública Ignoró las Preguntas de Laviada
Por Nallely de León Montellano
Luego del tercer pase de lista, Georgia Fernanda Miranda Herrera, diputada presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, declaró quórum legal para el desahogo de la comparecencia de Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Foto: Rocío Castro Alvarado)
Luego del tercer pase de lista, Georgia Fernanda Miranda Herrera, diputada presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, declaró quórum legal para el desahogo de la comparecencia de Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
CUESTIONAMIENTOS
Karla Valdez Espinosa reconoció que la funcionaria ha realizado un buen trabajo en los dos años de gobierno, sin embargo, señaló que desde el 29 de junio de 2022 el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Oswaldo Pinedo Barrios, continúa firmando constancias al interior de la dependencia, entre otras anomalías detectadas, además de enfrentar diferentes denuncias, lo que arroja el desempeño de cargos públicos simultáneos, uno en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en la Secretaría de Salud de Zacatecas. En ese sentido cuestionó a la titular de la SFP, respecto a las acciones a realizar ante lo anterior.
En su cuestionamiento, Zulema Santacruz Márquez felicitó a la funcionaria por ser una mujer al frente de este órgano de fiscalización, sin embargo, apuntó que, el pasado 29 de agosto se autorizó de urgente y obvia resolución un punto de acuerdo para que el gobernador exhortara a COEPLA y SEFIN para que se incluyan en los lineamientos de integración del anteproyecto del presupuesto de egreses, perspectiva de género y combate a la corrupción como ejes transversales.
Solicitó información sobre los acciones y mecanismos realizados por la dependencia montos recuperados por sanciones, derivado de la Ley de Responsabilidades en comparación con ejercicios anteriores, y en qué procesos aplica la mejora regulatoria en el ejercicio 2022, y los mecanismos implementados en el Sistema Estatal Anticorrupción.
José Juan Estrada preguntó si la comunidad migrante está considerada en las observaciones de la SFP, dijo que el programa 2×1 es fiscalizable, y resaltó la importancia de tener acceso a formatos que les permitan tener acceso al levantamiento de denuncias, además de señalar que en Zacatecas se hicieron más de 5 mil acciones y la inversión de más de 3 millones de pesos en el programa 3×1 en el año 2019, donde también se podían consultar los avances de obras y supervisiones, por lo que, destacó la importancia de contar con este tipo de plataformas para verificar y prevenir avances en las obras.
Maribel Galván Jiménez preguntó cuál es el criterio institucional de la dependencia respecto a los órganos de control interno de determinados entes autónomos que no están conformados en su totalidad, lo cual también se reproduce en algunas dependencias de la administración central descentralizada, a pesar de reconocer que el tema no es de competencia directa de la SFP.
Respecto a la inhabilitación del servicio público de algunos funcionarios, preguntó sobre el estado que guardan esas resoluciones, en caso de haber impugnaciones, cuál es el estado procesal, y si se ha dado el debido cumplimiento.
María del Mar de Ávila Ibargüengoytia solicitó la opinión de la funcionaria respecto al segundo lugar del gobernador David Monreal Ávila en aprobación ciudadana, es decir, 7 de cada 10 ciudadanos lo desaprueba, también preguntó sobre el destino del recurso públicos recuperado tras las recientes resoluciones, además de cuestionar por qué los servidores públicos sancionados no se encuentran en la cárcel.
Jehú Salas Dávila cuestionó a la funcionaria sobre el número de años de inhabilitación ha impuesto la SFP y cuales corresponden a funcionarios del actual gobierno, cuantas se han podido sostener en los tribunales, preguntó si los jueces locales y federales avalaron las modificaciones mencionadas. Además, preguntó si ya existe una sentencia condenatoria en alguna de las carpetas de investigación.
Enrique Laviada Cirerol arremetió en contra de las acciones de la SFP, al asegurar que no hay resultados con valor suficiente para que el actual gobierno diga que se ha terminado con lo que llaman “La herencia maldita”. Después de la inseguridad en Zacatecas, dijo, el segundo asunto más importante para resolver es la corrupción. También reiteró que el gobernador del estado es el peor evaluado en materia de seguridad y corrupción. También reprochó el no haber respondido a las preguntas del legislador.
RESPUESTAS
La funcionaria aseveró que al día de hoy existen 14 resoluciones y, específicamente, dijo que existen carpetas de investigación ante las denuncias por la doble plaza que ostenta el titular de la SSZ, sin embargo, adelantó que, debido a los procesos, debe actuar con cautela para no entorpecer las investigaciones, y adelantó que cada denuncia recibida se ha atendido en apego a la normatividad y a las competencias que establece el Sistema Estatal Anticorrupción.
Expuso que la SFP cuenta con un amplio fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de campañas de difusión y atención de trámites y denuncia ciudadana a través de la tecnología como el whatsapp y otras plataformas, la colaboración de contraloría social, dijo, aplica para el programa 2×1 migrante, y se puso a disposición el sistema de denuncia anónimo para las y los migrantes además del uso de las tecnologías.
Además explicó que hasta el momento existen 166 comités de contraloría social que han realizado una convocatoria amplia de participación lo cual es una importante oportunidad para implementar otras acciones en beneficio de la comunidad migrante, dijo que el programa de Obras, Bienestar y Progreso implica publicar cada una de las obras de la actual administración, en este sentido dijo que en la plataforma obras.zacatecas.gob; se comprometió a perfeccionar uno de los apartados de la página web, con la finalidad de incluir y brindar mejor servicio a la comunidad migrante.
Detalló que en 2022 se implementó un programa de implementación de la política estatal anticorrupción, con la finalidad de pasar a la transversalización en el presupuesto público, lo cual, dijo, se trata de 40 prioridades de política estatal anticorrupción. Expuso que van 346 resoluciones a través de 54 sentencias y 72 correspondientes, de acuerdo al año y ejercicio que es procedente en materia de combate a la corrupción.
Además, explicó que hay 29 suspensiones, multas a 24 contratistas y proveedores, que implican hasta 34 millones de pesos, por lo que, destacó, que hay 481% de incremento en resoluciones sobre inhabilitaciones respecto a la pasada administración. Asimismo, señaló 460% de incremento en materia de responsabilidades en comparación con la anterior administración.
Dijo que la SFP cuenta con 17 órganos internos de control cumpliendo al 100% con todas las competencias que también tiene la SFP como órgano interno de control estatal acciones de prevención y detección, dijo ser respetuosa de estas áreas. Señaló que el estado procesal de los 346 expedientes pasa por la investigación y resolución, así como amparos directos e indirectos, es decir no todas las resoluciones han pasado al estado de resolución toda vez que hay casos en los que se ha recurrido al amparo.
Dijo que se han culminado más de 50% de las carpetas de investigación, lo que ha culminado en 278 informes de presuntas responsabilidades administrativas graves y no graves. En el tema del C5 recordó que hubo una medida cautelar inmediata por parte del órgano Interno de Control de la SFP, aseguró que dichas conductas no son tolerables, ni deben de ser tolerables bajo ningún mecanismo, por lo que, hasta el momento, existen 23 carpetas de investigación respecto al tema, lo cual, dijo no puede detallar debido a lo delicado de la información. También habló de la entrega recepción en cuanto a carpetas de investigación por faltas no graves; las graves, dijo, fueron turnadas al tribunal de justicia administrativa con una solicitud de indemnización
Explicó que las más de 396 resoluciones de la SFP implica más de 296 años de inhabilitación, y recordó que la dependencia a su cargo es una instancia preventiva y auditora, dijo no compartir el posicionamiento de Salas Dávila en cuanto a asuntos caídos de faltas graves y no graves dijo que, donde haya suspensión o amparos, no quiere decir que el presunto responsable cante victoria.
En el tema de los aviadores dijo que los avances se están llevando por la vía penal y la vía administrativa, de esta última, dijo ya hay avances, mientras que los avances de los casos por la vía penal, reiteró que no puede proporcionar información a detalle debido a los procesos jurídicos. En este asunto señalaron a un abogado que presidió el Tribunal de Justicia en años anteriores, quien también ya está siendo procesado. El resto de las preguntas realizadas por el legislador, no fueron respondidas por la funcionaria.
Señaló que su papel en la legislatura no es polemizar, sino la rendición de cuentas respecto a sus funciones como titular de la Secretaría de la Función Pública. Dijo que INEGI establece los mecanismos necesarios para evaluar los mecanismos de corrupción, asimismo, Interproyect evalúa los datos de ausencia de corrupción, por lo que reiteró que las puertas de la SFP se mantienen abiertas para cualquier consulta.