Por Nallely de León Montellano
Zacatecas figura como uno de los estados con mayor número de incidencia delictiva en materia de feminicidio, tan solo en 2023 se registraron 28 asesinatos de mujeres, sin contar la cifra negra, es decir, los feminicidios que no han sido contabilizados o no han salido a la luz.
De estos 28 asesinatos, 11 fueron tipificados como feminicidio, de acuerdo a las características de los mismos. De estos, cuatro corresponden a mujeres de entre 18 y 29 años, cuatro a mujeres de edades entre 30 y 59 años y tres a niñas entre 0 y 11 años, según datos del Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra las Mujeres (Banevim).
En este contexto, Ana Luisa del Muro García diputada local del Partido del Trabajo (PT), informó que durante el periodo permanente de sesiones presentará una iniciativa para homologar las determinaciones de la Ley Monzón de Puebla, para retirarle la patria potestad a padres feminicidas, la cual ha sido presentada en 17 de las 32 entidades federativas del país y aprobada en cuatro.
Comentó que, con base en dichos criterios, presentará una iniciativa para reformar el código penal y familiar en el estado, con la finalidad de proteger a niñas y niños en caso de muerte materna por feminicidio, y puntualizó que, para hacerlo posible en Zacatecas, ha recibido la orientación de las y los legisladores del estado de Puebla, donde nació dicha Ley.
Refirió que se encuentra realizando los trabajos correspondientes para que los criterios de la Ley Monzón se armonicen al fenómeno de feminicidio en Zacatecas. Una vez presentada la iniciativa, dijo, lo conducente será trabajarla en comisiones para efectuar las reformas y los criterios que establece esta Ley.
“Ya tuvimos reuniones previas para la contextualización de la iniciativa aquí en Zacatecas y yo sí quisiera que vinieran los promotores y poder darle entrada aquí en el congreso del estado”, agregó.
En contexto, la Ley Monzón se aprobó en marzo del 2023, a raíz del feminicidio de Cecilia Monzón, madre de un niño de cuatro años, quien fungía como abogada penalista y activista en el estado de Puebla, y cuyo presunto autor intelectual del crimen es su ex pareja Javier López Zavala, quien se desempeñó como secretario de gobernación de Puebla y enfrentaba un litigio por pensión alimenticia para su hijo.