La Diputada Santivañez Busca Terminar con la Impunidad
Por Miguel Alvarado Valle
La diputada local Isadora Santivañez Ríos buscará impulsar una iniciativa para ampliar la Ley 3 de 3, aprobada previamente a nivel federal, con el objetivo de extender sus restricciones a servidores públicos de primer nivel en en ámbito estatal y municipal.
Indicó que la Ley 3 de 3, vigente desde la administración pasada, establece que las personas sancionadas por delitos como violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias y abuso sexual no pueden aspirar a cargos de elección popular.
Mencionó que se pretende que esta prohibici ón no solo aplique a representantes populares como regidores, presidentes municipales, diputados o gobernadores sino también a los servidores públicos (sic) .
Enfatizó que esta propuesta, que ya está siendo contemplada por otros estados del país, surge como una respuesta a la necesidad de establecer perfi les éticos y responsables en la administración pública.
Según la legisladora, permitir que personas sancionadas por delitos graves ocupen cargos de poder envía un mensaje contradictorio a la sociedad, particularmente a las víctimas, sobre la tolerancia hacia la violencia.
“Se supone que las personas que integran las administraciones municipales y estatales sean individuos, de reconocimiento, de respeto, de trayectoria, pero también de calidad moral. Es por eso que es importante cuidar mucho los perfi les de quienes entran o ingresan a esas áreas., señaló Santivañez destacando la importancia de proteger a las víctimas y evitar su revictimización.
Asimismo destacó que esta iniciativa también pretende ser un mensaje de cero tolerancia a la violencia desde las instituciones públicas, resaltando que aunque algunos de estos delitos mencionados pueden ser sancionados con prisión, otros implican penas administrativas o trabajos comunitarios, lo que puede dejar una percepción de impunidad.
La diputada enfatizó que existen casos documentados de personas con antecedentes como deudores alimentarios que actualmente ocupan puestos en la administración pública, pero se negó a decir sus nombres.
Aunque las cifras no indican una incidencia particular en alguna área específi ca, la presencia de estos perfi les en cargos públicos evidencia la necesidad de fortalecer los fi ltros de selección.