Este es el Escenario que se Veía Venir: Abogado Rada
* David Monreal Calla, Rodrigo Reyes Despotrica
Por Nallely de León Montellano
Jorge Rada Luévano señaló que dicho resultado es parte de la batalla que emprendieron diversas organizaciones, lo cual era esperado por la ciudadanía. Nosotros como abogados somos un conducto de todas esas expresiones de reclamo y de rechazo a la obra del segundo piso (Foto: Diana Moreno Valtierra)
El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió la suspensión defi nitiva para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, suspendan los trabajos de construcción relativos a la obra pública denominada Viaducto Elevado sobre el bulevar Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec.
Lo anterior luego de que se promovieran cinco juicios de amparo por parte de la organización Ciudadanía Participativa, así como el partido político Movimiento Ciudadano (MC) y el despacho jurídico Jorge Rada y Asociados.
Al respecto, el abogado Jorge Rada Luévano señaló que dicho resultado es parte de la batalla que emprendieron diversas organizaciones, lo cual era esperado por la ciudadanía.
“Nosotros como abogados somos un conducto de todas esas expresiones de reclamo y de rechazo a la obra del segundo piso”.
Mencionó que este era el escenario que se veía venir, toda vez que, en las audiencias, el gobierno del estado nunca presentó las autorizaciones de estudios y permisos para continuar con los trabajos del Viaducto Elevado.
Por otro lado, Rada Luevano aseveró que el Ayuntamiento capitalino “nos quedó a deber, no nos dio ninguno de los expedientes, no nos dio información, incluso habíamos determinado en conjunto con ellos impugnar o irnos a un mecanismo legal para tumbar la autorización de impacto ambiental que emitió SEMARNAT porque no reúne muchos requisitos que establece la Ley”.
Reiteró que las autoridades demandas en el juicio de amparo son el gobierno del estado y sus secretarías involucradas en la construcción de dicha obra como la Secretaría de Obras Públicas (SOP), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), así como el Ayuntamiento de Zacatecas.
Agregó que aún está pendiente la audiencia constitucional para determinar si se suspende la obra de manera defi nitiva, así como la respuesta de las autoridades involucradas para rendir los informes pendientes, o en su caso un recurso de revisión ante la suspensión defi nitiva.
Postura de la Ciudadanía Participativa Darío del Real, abogado de la organización Ciudadanía Participativa, mencionó que la suspensión defi nitiva es un gran paso para los quejosos, sin embargo, aún hay que esperar la resolución defi nitiva de los jueces.
Es decir, explicó que la suspensión defi nitiva conlleva que las cosas se queden como están hasta el momento de la sentencia del amparo, para la cual dijo desconocer el tiempo que esta tardará en darse a conocer.
Sin embargo, el abogado advirtió que continuarán promoviendo amparos respecto al tema puesto que, desde su punto de vista, eso es lo correcto.
“Es un gran paso, pero todavía no se otorgan los amparos, hay que comunicar con la verdad a la ciudadanía”.
Señaló que este es el momento procesal para que puedan solicitar algún tipo de incidente y solicitar que se retiren las máquinas del bulevar ya que causan perjuicios a las personas que viven cerca de la zona de la obra, así como automovilistas que diariamente tienen que transitar por el lugar.
Al igual que Rada Luévano, dijo desconocer cuánto va a durar el juicio de amparo, sin embargo, resaltó que el colectivo que representa decidió emprender el camino jurídico porque siguen creyendo en el PJF y confían en que en algún momento les serán concedidos los amparos de manera defi nitiva.
Asimismo, subrayó que las dos suspensiones defi nitivas otorgadas son de Movimiento Ciudadano y Ciudadanía Participativa, esta última fi nanciada con recursos propios sin intereses alternos.
Rodrigo Reyes Mugüerza se Lanza Contra el Juez
Por su parte, las autoridades estatales también emitieron postura sobre la suspensión defi nitiva de la obra, la cual califi caron como una decisión sesgada, y aseguraron que cuentan con la razón, por lo que acudirán a otras instancias jurisdiccionales para presentar el recurso de revisión correspondiente.
Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno del estado señaló que “si es necesario ir a audiencia constitucional también lo vamos a hacer”.
El funcionario lamentó que la ciudadanía o organizaciones promotoras del juicio de amparo celebren “como si fuera el fi n del proceso legal”.
Arremetió en contra del presidente municipal de la capital Miguel Varela, quien de manera reiterada se ha dedicado a manifestar su oposición hacia la obra, “pero solamente en medios de comunicación porque él ni siquiera litigó y no ha hecho absolutamente nada más que eso”.
El funcionario compartió una serie de documentos que fueron presentados en la audiencia incidental el pasado 10 de abril.
Aseguró que en agosto del 2023 “se ingresó la petición para que SEMARNAT nos dijera si el viaducto elevado podría causar un daño irreversible al medio ambiente y no hay un daño ambiental, no existe”, señaló con documentos en la mano.
Dijo que la autoridad federal emitió sugerencias de algunas acciones de mitigación respecto a la obra, sin embargo, reiteró que no existe riesgo de daños al medio ambiente.
También mostró un documento emitido por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se acredita que el tramo de la obra se encuentra fuera del polígono inscrito en la lista de patrimonio mundial.
Señaló que, a pesar de haber presentado dicho documento ante el juez, este no fue valorado y analizado a fondo y argumentó que quienes promueven los amparos no son ‘la mayoría’ “y por eso lo vamos a defender, porque sabemos que tenemos la razón y menos nos vamos a detener cuando sabemos que se trata de un juez que está tomando decisiones por un carácter político”.
Por su parte, Ángel Muñoz, titular de la Coordinación General Jurídica del gobierno estatal, agregó que al día de hoy existen 8 juicios de amparo, los cuales han sido promovidos por “un grupo de personas muy menor y entre ellos solamente hay algunos inclusive que no viven en la zona, no es un gran movimiento, es un grupo de personas que se oponen a todo y se oponen a nada”.
También cuestionó las determinaciones de los juzgados federales al minimizar a las instituciones de carácter local y federal, por lo que apelarán a la objetividad de los magistrados que integran el tribunal colegiado quienes decidirán el destino de ese medio de defensa, “además de agotar algunas instancias que seguramente en el estudio y el análisis jurídico que la ley nos lo permita por supuesto que lo vamos a agotar y acudir”.
Aseguró que la resolución contiene muchas defi ciencias porque fue realizada de un día para otro, “además de minimizar a las instituciones federales, además de no tomar en consideración las permisiones, el dictamen pericial, también hay que señalar con mucha precisión que el primero y segundo de distrito están decidiendo no otorgar las suspensiones ni provisionales ni defi nitivas fundamentándose en jurisprudencias no de un mes, sino de años atrás, donde la SCJN ha indicado con mucha precisión que no puede otorgarse una suspensión defi nitiva ni provisional cuando se trata de obras y de vialidades de carácter público”.