Crece a 3,800 los Desaparecidos en Zacatecas
Por Nallely de León Montellano
Durante la sesión de este martes, María Teresa López García, diputada local de la LXV legislatura, presentó un punto de acuerdo, mediante el cual exhortó al Poder Ejecutivo de Zacatecas, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, diseñe y gestione el presupuesto necesario para el ejercicio scal 2026 (Foto: Diana Moreno Valtierra)
Durante la sesión de este martes, María Teresa López García, diputada local de la LXV legislatura, presentó un punto de acuerdo, mediante el cual exhortó al Poder Ejecutivo de Zacatecas, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, diseñe y gestione el presupuesto necesario para el ejercicio fiscal 2026.
Es decir, el llamado al gobierno estatal consiste en implementar un programa dirigido a adultos mayores para que reciban un apoyo económico mensual de $5,000 pesos por cada menor de edad bajo su custodia o tutela y que acrediten haber perdido un hijo o hija a consecuencia de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.
En tribuna, la diputada señaló que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda, tan solo en el año 2024 se reportaron 658 desapariciones forzadas en e estado, “consolidando una tendencia creciente que ha colocado a Zacatecas entre las entidades con el mayor número de personas desaparecidas en proporción a su población”.
Recordó que, de manera acumulada, el número de personas desaparecidas en la entidad, asciende a 3 mil 800 de las cuales 2 mil 184 aún no han sido localizadas, 974 han sido localizadas y el resto se determinaron como no localizadas o fallecidas.
“La mayoría de estas personas desaparecieron en una edad productiva, especialmente jóvenes entre los 15 y 39 años de edad quienes representaban aproximadamente 65% de los casos”.
Por lo anterior, la legisladora resaltó que las abuelas y abuelos de hijos de personas desaparecidas, además del duelo por la pérdida de sus seres queridos, enfrentan la obligación de la crianza de sus nietos, y donde, en la mayoría de los casos su único ingreso es la pensión de gobierno federal “en la que, por cierto, se ha perdido el 50.5% de su valor real por la inflación acumulada”.
Agregó que, por lo menos 72% padece por lo menos una enfermedad crónica discapacitante como diabetes, artritis, cardiopatías o limitaciones motoras graves que les impide trabajar en agricultura, comercio informal u otras actividades predominantes en la entidad, aunado a la discriminación laboral por edad”.
“Consideramos un gran valor el otorgar un apoyo económico a cada menor que ha sido indirectamente víctima, por lo cual el objeto es garantizar para ellos la educación, la estabilidad emocional y la seguridad física y económica”, concluyó.
