El Mundo Universitario al Revés
Por Nallely de León Montellano
Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) denunció públicamente a las autoridades universitarias por represalias y actos de violencia institucional contra quienes se han manifestado en contra del exrector Rubén Ibarra Reyes, declarado culpable por abuso sexual infantil.
De acuerdo con los denunciantes, las agresiones se concentran en la Unidad Académica de Ciencias Sociales y se han intensificado desde junio pasado, tras diversas protestas para exigir justicia.
Entre las medidas señaladas se encuentran la suspensión de becas de posgrado del programa SECIHTI, en procesos que califican como opacos y arbitrarios, así como hostigamiento escolar y laboral.
Las personas afectadas aseguran que algunas de las sanciones recaen sobre estudiantes asesorados por académicos cercanos al entorno familiar y profesional del exrector, así como por integrantes de un grupo docente que ha defendido públicamente su inocencia, a pesar de la sentencia en su contra.
Advierten que la próxima designación como secretaria general de una docente vinculada a estas posturas refuerza un clima de silenciamiento y revictimización.
Según los denunciantes, estas acciones no sólo afectan la trayectoria académica, sino que también impactan en la salud emocional y en las condiciones materiales de vida de quienes han decidido alzar la voz.
Aseguran que la actual administración, encabezada por el rector Armando Flores, y el rector electo, Ángel Román, conocen la situación y han optado por no intervenir.
Los afectados señalaron que las becas suspendidas son, para muchas personas, la única vía para garantizar la continuidad de sus estudios. Recordaron que han recurrido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y a instancias nacionales, sin que hasta el momento haya respuesta efectiva.
En su pronunciamiento exigieron la reinstalación inmediata de las becas canceladas, una investigación imparcial sobre las denuncias, garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y protesta dentro de la UAZ, y que se impida que personas que promuevan o encubran la violencia sexual ocupen cargos públicos universitarios.
Docentes feministas de la institución señalaron que la UAZ protege a agresores y castiga a quienes denuncian, e hicieron un llamado a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para visibilizar el caso.
Afirmaron que la UAZ debe ser un espacio de ética, pensamiento crítico y justicia social, no un lugar donde se normalice el silenciamiento y la impunidad.
