Por un Período de Tres Años
Por Nallely de León Montellano
Durante la sesión de este martes, la LXV Legislatura emitió la convocatoria para el proceso de consulta pública y elección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
Por unanimidad, el Pleno aprobó el Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Derechos Humanos para abrir la participación a personas interesadas, colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad y organismos públicos y privados dedicados a la promoción o defensa de los derechos humanos.
Quienes cumplan con los requisitos legales podrán presentar su propia candidatura o postular a personas que consideren idóneas para encabezar la CDHEZ por un periodo de tres años.
La recepción de solicitudes será del 13 de octubre al 13 de noviembre de 2025, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 20:00 horas, en la oficialía de partes del Congreso local (avenida Fernando Villalpando 320, Centro, Zacatecas). No se recibirán registros en días inhábiles que, en su caso, declare el Pleno. Durante la misma sesión, se presentaron siete iniciativas y se dieron a conocer siete dictámenes.
Entre las propuestas legislativas, el diputado Martín Álvarez Casio planteó reformas a la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable con el fin de fortalecer la agroindustria alimentaria, añadir valor a los productos zacatecanos e impulsar modelos de agronegocios dentro y fuera del estado.
La diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera propuso reformar la Ley de la CDHEZ para incorporar expresamente entre sus facultades la promoción de la cultura de la paz de manera transversal en investigación, documentación, capacitación y programas.
En materia municipal y medioambiental, la diputada María Dolores Trejo Calzada presentó modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio para que los ayuntamientos planeen, organicen y ejecuten jornadas de limpieza comunitaria en espacios públicos, con el propósito de preservar el medio ambiente, mejorar la imagen urbana y fomentar la participación ciudadana.
En el ámbito penal, la diputada Ana María Romo Fonseca propuso adicionar el artículo 182 Bis al Código Penal del Estado para tipificar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años o sin capacidad para comprender o resistir, con penas de 8 a 15 años de prisión y multas de mil a dos mil quinientas cuotas, con agravantes si la víctima pertenece a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas.
Para seguridad vial, el diputado Jaime Esquivel Hurtado planteó obligar a los establecimientos que venden motocicletas a entregar placas de circulación al momento de la entrega del vehículo y verificar que el comprador porte casco certificado; si no lo tiene, el comercio deberá proporcionarlo como parte de la venta.
Según el promovente, estas medidas facilitarán la identificación de unidades, ayudarán a prevenir y perseguir delitos y mejorarán la seguridad del motociclista desde el inicio de la posesión.
En protección de la privacidad y contra la violencia digital, la diputada Guadalupe Isadora Santiváñez Ríos presentó reformas al Código Penal para fortalecer el tipo de violación a la intimidad sexual, ampliando conductas, incorporando el uso de tecnologías e inteligencia artificial y sumando agravantes cuando exista compilación, reproducción, difusión o publicación de contenidos íntimos o se cometa mediante extorsión.
En justicia administrativa, los diputados Pedro Martínez Flores y Santos Antonio González Huerta propusieron actualizar la Ley de Justicia Administrativa para habilitar juicios en línea, firma electrónica y herramientas tecnológicas, y redefinir la estructura orgánica del Tribunal para mejorar la atención a la ciudadanía.
Respecto de los dictámenes, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal planteó autorizar enajenaciones bajo la modalidad de donación: un inmueble de Mezquital del Oro a favor del Banco del Bienestar; un inmueble de Pinos a favor del Gobierno del Estado donde operan la Casa de Justicia y la Cárcel Distrital; y, en el caso de Jerez, ajustar el decreto 183 para que el bien destinado a la Escuela Secundaria General Ramón López Velarde quede a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, y se obtenga el título de propiedad correspondiente.
Asimismo, se propone autorizar a Morelos la donación de un inmueble a favor de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.
En materia de seguridad y protección civil, se adiciona una fracción al artículo 22 de la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios para otorgar a la Coordinación Estatal facultades expresas de prevención de incendios forestales; y se incorpora en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública la coadyuvancia de instituciones policiales en protección animal.
Finalmente, la Comisión Jurisdiccional dictaminó procedente la renuncia del maestro Francisco Enrique Pérez Compeán como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con efectos a partir del 24 de agosto de 2025.
