¿A Quién Creerle?
Por Nallely de León Montellano
Christian Paul Camacho Osnaya | Saúl Monreal Ávila
El fiscal general de Zacatecas, Christian Paul Camacho Osnaya, reiteró que el lunes se ejecutó una orden de cateo en cuatro inmuebles —dos domicilios y dos patios donde se almacenaban materiales pétreos como grava y arena—, dentro de una investigación iniciada de oficio por presunta extorsión y aumentos injustificados de precios.
Según el fiscal, se detectaron prácticas que habrían obligado a compradores a adquirir insumos únicamente en ciertos puntos de Guadalupe y Zacatecas, lo que, de confirmarse, afectaría la economía de familias y pequeñas obras. Camacho sostuvo que nadie puede duplicar precios “de manera arbitraria” y que, aunque no hay denuncias formales por temor de constructores y materialistas, la Fiscalía continuará las pesquisas bajo cobertura.
El fiscal explicó que los incrementos deben obedecer a variables legales como inflación u oferta y demanda, no a imposiciones. Reiteró que la institución “no permitirá” conductas que atenten contra la economía social y adelantó que ya hay dos personas bajo investigación en el caso de los materiales; evitó dar nombres por presunción de inocencia (sic) y no descartó que se amplíe el número de indagados.
Sobre el hallazgo de seis cuerpos en la zona limítrofe de Ojuelos, Jalisco, señaló que cuatro ya fueron identificados: dos mujeres —una originaria de Tamaulipas con ficha de búsqueda en San Luis Potosí y otra de Pinos, Zacatecas— y dos hombres —uno de Veracruz y otro de Zacatecas con reporte del 25 de agosto—.
Los correspondientes a Zacatecas ya fueron entregados a sus familias; dos víctimas permanecen sin identificar. En el caso de don Ascensión, adulto mayor desaparecido en Jalpa, indicó que no hay indicio de privación de la libertad; se realizan búsquedas en vida en coordinación con autoridades de Jalisco y se confirmó que su cuerpo no se encuentra bajo resguardo del SEMEFO de Zacatecas.
En materia de extorsión, Camacho rechazó lo dicho por el senador David Monreal Ávila, de que exista un repunte y afirmó que de 2023 a 2024 hubo una baja “significativa” que continúa en 2025.
Reportó 277 registros en lo que va del año y precisó que 81% proviene de llamadas telefónicas, muchas desde centros de reclusión de otras entidades como Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco y Veracruz; algunos casos derivan en secuestros virtuales.
Dijo que la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto —que concentra secuestro, extorsión y homicidio doloso— opera ya con una estrategia de contención y anunció la adquisición de un “banco de voces” para identificar a presuntos extorsionadores y judicializar casos.
En respuesta a señalamientos empresariales sobre carpetas sin avance, propuso una reunión con Coparmex para revisar casos específicos y recordó que la extorsión se persigue de oficio en el estado.
Camacho destacó avances frente a la crisis forense. Señaló que entre 2024 y 2025 han logrado identificar y exhumar 85 cuerpos de panteones forenses para entregarlos a familiares, frente a 12 identificaciones logradas entre 2020 y 2023, y subrayó que el objetivo es la identificación humana, no la acumulación de inhumaciones.
Añadió que el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Legislativo trabajan en reformas a seis leyes y a la Constitución local para reconocer como derecho la búsqueda de personas desaparecidas y establecer como obligación constitucional la existencia de la Fiscalía Especializada en Desaparición, de modo que no pueda eliminarse en futuras administraciones.
