Se Atenderán Casos Particulares, Aseguran Funcionarios
Por Nallely de León Montellano
Productores agrícolas y usuarios del agua sostuvieron una reunión con directivos nacionales de la Conagua, realizada en el Teatro Calderón (Foto: Diana Moreno Valtierra)
En medio de dudas, vacíos normativos y preocupación por posibles afectaciones al campo, productores agrícolas y usuarios del agua sostuvieron una reunión con directivos nacionales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizada en el Teatro Calderón, donde se abordaron los alcances de la reciente reforma a la Ley de Aguas y los criterios que se aplicarán para la regularización de concesiones.
Durante el encuentro, uno de los principales temas fue el uso del agua concesionada para fines agrícolas y actividades complementarias, como el abrevadero de animales o la acuacultura a pequeña escala. Funcionarios de Conagua señalaron que este tipo de uso se considera dentro del esquema agrícola familiar y, por ahora, no es motivo de sanción.
Sin embargo, las mayores inquietudes surgieron en torno a la reasignación de volúmenes de agua, figura que sustituye a las transmisiones de derechos, las cuales quedaron eliminadas con la reforma publicada en diciembre de 2025. Representantes de Conagua reconocieron que los criterios específicos para estas reasignaciones aún se encuentran en desarrollo y dependen de lineamientos que todavía no han sido emitidos.
Productores manifestaron preocupación por los casos en los que existen contratos de transmisión avalados por fedatarios públicos, pero que nunca fueron ingresados ante la autoridad del agua, ya sea por trámites inconclusos o procesos administrativos pendientes.
En este tenor, Conagua fue clara al señalar que las transmisiones que no se registraron antes de la entrada en vigor de la reforma ya no existen jurídicamente para la dependencia, lo que podría dejar en incertidumbre a un número considerable de usuarios. Otro punto sensible fue la situación de los títulos vencidos por juicios sucesorios en curso.
En estos casos, se explicó que existe un mecanismo de reserva que permite reactivar el trámite una vez que se resuelva el proceso legal, incluso si esto ocurre después de la fecha límite establecida en el decreto de facilidades, vigente hasta el 28 de abril de 2026.
También se abordó la instalación de medidores y otras posibles infracciones. La autoridad reconoció que, mientras no exista una norma oficial clara, no se pueden aplicar sanciones, lo que evidencia la falta de reglas precisas en un contexto donde se exige mayor control del recurso hídrico.
Productores provenientes de distintos estados expusieron que estas lagunas legales podrían generar afectaciones graves al sector agrícola, al dejar sin certeza a quienes realizaron acuerdos de buena fe y ahora enfrentan un escenario de indefinición. Aunque Conagua aseguró que habrá mecanismos legales para atender casos particulares, también admitió que varias de estas soluciones aún no están formalizadas.
Por todo lo anterior, la reunión dejó en evidencia que, si bien la reforma busca ordenar el uso del agua, su implementación sigue marcada por ambigüedades que afectan a cientos de productores, quienes demandan reglas claras, plazos definidos y certeza jurídica para poder continuar con sus actividades productivas.
