Sólo se Atendieron Áreas Críticas y Urgencias

Por Nallely de León Montellano

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Norma Castorena Berrelleza insistió en que las protestas también buscan visibilizar las condiciones en las que operan los hospitales y el desabasto que, aseguró, se ha normalizado (Foto: Cortesía)

Trabajadoras y trabajadores del sector salud iniciaron este miércoles una jornada de “brazos caídos” en el Hospital General Zacatecas, como parte de las acciones de protesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), sección 39. La medida se aplicó de 7:00 a 19:00 horas con suspensión de servicios no esenciales, incluida la consulta externa, mientras se mantuvieron áreas críticas y urgencias.

En el lugar, Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la sección 39, afirmó que el movimiento se mantiene por la falta de respuesta al programa de profesionalización, el cual –insistió–cuenta con sustento legal y ya había sido pagado en años anteriores, pero actualmente permanece sin reconocimiento para un grupo de personal formalizado.

Aseguró que, pese a más de un mes de manifestaciones, el Gobierno del Estado no ha retomado diálogo con el sindicato, al señalar que la última reunión se realizó el 30 de enero. Añadió que el martes fueron atendidos en la Secretaría General de Gobierno, donde se comprometieron a emitir una respuesta este miércoles.

Castorena Berrelleza insistió en que las protestas también buscan visibilizar las condiciones en las que operan los hospitales y el desabasto que, aseguró, se ha normalizado: “La gente ya sabe que le van a dar la receta y que va a ir a comprar lo que necesite”, expuso, al señalar que el personal frecuentemente cubre material de su propio bolsillo para sostener la atención.

Entre las principales denuncias, mencionó falta de insumos básicos, medicamentos y personal suficiente en los turnos, además de carencias que impactan directamente en medidas mínimas de higiene, como la ausencia de jabón y gel antibacterial. Durante la jornada, trabajadoras y trabajadores del hospital compartieron testimonios sobre la operación diaria.

Irma Rodríguez Torres, coordinadora de enseñanza de enfermería, señaló que han llegado al punto de pedir a estudiantes y pasantes que lleven su propio jabón y “sanitas” para evitar malas prácticas, al advertir que la higiene de manos es una técnica esencial para prevenir infecciones asociadas a la atención médica.

En tanto, la doctora María Isabel Belmontes, cirujana oftalmóloga, afirmó que el hospital atraviesa una situación crítica por falta de equipo y herramientas de diagnóstico, al asegurar que en su área trabajan con carencias signifi- cativas, lo que se traduce en consultas diferidas y procedimientos que no pueden realizarse por falta de insumos.

Desde el área de Trabajo Social, David Maldonado explicó que una parte importante de los pacientes no cuenta con recursos económicos y aun así deben adquirir medicamentos fuera del hospital.

Añadió que hay casos en los que familias deben costear servicios como hemodiálisis en unidades particulares ante la insuficiencia de capacidad pública, lo que representa un golpe directo a la economía de los hogares.

Una jefa de piso también pidió a la población comprender que la protesta no se trata de una negativa a trabajar, sino de una exigencia para contar con condiciones mínimas: relató que familiares han tenido que buscar insumos en horarios de madrugada, y que incluso faltan hojas para imprimir recetas, pilas para equipos y material básico para operar áreas hospitalarias.

Sobre videos difundidos en redes sociales en los que se acusa que se niega atención a pacientes, Castorena Berrelleza rechazó que esa sea la intención del movimiento y sostuvo que existen intentos de desacreditar la protesta.

Aseguró que el sindicato se deslinda de cualquier hecho de violencia registrado en movilizaciones previas y reiteró que se trata de un movimiento pacífico.

Finalmente, advirtió que, ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, las acciones de protesta podrían continuar y radicalizarse, al sostener que el con􀃀icto no es político, sino una defensa de derechos laborales y del derecho a la salud, al exigir insumos y reconocimiento a la profesionalización del personal.