Le Imponen Medidas de Restricción Para Hablar de Ciertos Personajes
* El Abogado Anuncia que el Viernes Presentarán el Juicio de Amparo Contra la Designación de la Auditora
Por Nallely de León Montellano
El abogado Jorge Rada Luévano (Fotos: Rocío Castro Alvarado)
El abogado Jorge Rada Luévano anunció que este viernes será presentado un juicio de amparo en contra de la designación de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Verónica Ivette Hernández López de Lara, al considerar que existen impedimentos legales y un conflicto de interés relacionado con el Issstezac.
El litigante explicó que la impugnación deriva de la integración de la Comisión de Vigilancia del instituto, órgano contemplado en la estructura legal del Issstezac y del que forma parte la ASE junto con la Secretaría de la Función Pública.
Según expuso, la persona designada habría tenido participación previa dentro de la administración pública estatal y en decisiones vinculadas al propio instituto, situación que, aseguró, compromete la imparcialidad en las tareas de fiscalización.
“Es jurídicamente inconcebible que alguien que formó parte de decisiones administrativas ahora vaya a supervisar o vigilar esos mismos procesos”, señaló. Rada Luévano afirmó que su despacho representa actualmente a cerca de dos mil jubilados y pensionados que mantienen preocupación por el manejo financiero y administrativo del Issstezac.
Durante la rueda de prensa, el abogado también denunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado le dictó medidas de restricción derivadas de distintos asuntos legales y posicionamientos públicos en los que ha participado. Indicó que dichas medidas le impiden pronunciarse sobre ciertos personajes involucrados en conflictos políticos y jurídicos recientes, entre ellos actores relacionados con disputas públicas ocurridas en Zacatecas.
Ante ello, acusó un supuesto uso “faccioso” de las instituciones y consideró preocupante que las medidas de protección se estén utilizando contra abogados que cuestionan actos públicos o representan intereses ciudadanos.
“Tenemos el derecho de debatir jurídicamente y señalar posibles ilegalidades sin que eso se convierta en una limitación para ejercer nuestra labor”, expresó.
En otro tema, el litigante informó que un juzgado federal resolvió a favor de diversos amparos promovidos contra cobros aplicados en el control vehicular, particularmente conceptos relacionados con aportaciones destinadas a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) e infraestructura. Explicó que la jueza federal consideró inconstitucionales dichos cobros y ordenó la devolución del dinero a las personas que ya realizaron el pago.
Aunque no precisó el número total de beneficiarios, señaló que existen varios amparos colectivos en curso y destacó que el fallo representa un precedente importante en materia de revisión constitucional de contribuciones estatales. Asimismo, celebró que otros abogados hayan comenzado a promover recursos legales contra decisiones gubernamentales, como el reciente incremento a la tarifa del transporte público.
Finalmente, al ser cuestionado sobre las declaraciones de la titular de la ASE, quien ha sostenido que su nombramiento es legal, Rada Luévano insistió en que el problema no es personal sino jurídico. Sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que hay conflictos de interés, particularmente por la participación que dicha funcionaria habría tenido en trámites y contratos relacionados con proyectos del gobierno estatal, entre ellos el denominado “segundo piso”.
