Centro Miguel Agustín Pro Pide que Resolución no sea Impugnada
Por Nallely de León Montellano
Luego de permanecer cerca de seis años privada de la libertad, Sandra Arana Aguilar abandonó este jueves el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas (Foto: Cortesía)
Luego de permanecer cerca de seis años privada de la libertad, Sandra Arana Aguilar abandonó este jueves el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, después de que una jueza de control determinó no vincularla a proceso al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía derivaban de una detención arbitraria y de actos de tortura.
La resolución fue emitida por la jueza Verónica Basurto, quien concluyó que los elementos utilizados para sostener la acusación eran ilícitos al provenir de violaciones graves a los derechos humanos. Al excluir esas pruebas, determinó que no existían datos suficientes para presumir la responsabilidad penal de Sandra. Con ello, la médica cirujana originaria de Tlaxcala recuperó su libertad y pudo reencontrarse con su familia, a la que no veía desde hacía casi seis años.
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompañó la documentación de las denuncias de tortura sexual, señalaron que la decisión representa un precedente importante para que las autoridades judiciales no validen pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos.
“Lo que creemos es que este caso deja un mensaje para el estado de Zacatecas: no es posible sostener una investigación con pruebas obtenidas a través de la tortura o de una detención arbitraria”, señalaron.
La organización también consideró que la resolución debería impulsar a las fiscalías a fortalecer sus investigaciones con evidencia obtenida de manera legal y respetando el debido proceso, en lugar de recurrir a prácticas que vulneren los derechos de las personas detenidas.
Asimismo, hicieron un llamado para que la resolución no sea impugnada y Sandra pueda comenzar a reconstruir su proyecto de vida después del tiempo que pasó en prisión.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra Mujeres Privadas de la Libertad, elaborado en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia durante las detenciones continúa siendo una práctica documentada en México.
El estudio advierte que ocho de cada 10 mujeres detenidas reportaron haber sufrido agresiones físicas y una parte importante también denunció violencia sexual durante su arresto o traslado.
Para las organizaciones que acompañaron el caso, la libertad de Sandra representa el cierre de una larga batalla jurídica, pero también recuerda la necesidad de que las investigaciones penales se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos para evitar que otras personas enfrenten procesos sustentados en pruebas obtenidas de manera ilícita.
