Miente el Ayuntamiento de Guadalupe, Truena Roberto Luévano
Por Gabriel Rodríguez
Roberto Luévano Ruiz, exalcalde de Guadalupe (Foto: Diana Moreno Valtierra) (Foto: Diana Moreno Valtierra)
El exalcalde de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, afirmó que la actual presidencia de esa localidad falsea documentación relativa a la donación de un predio de la localidad en el año 2015, cuando él mismo fue presidente municipal en la demarcación.
Mediante la presentación de documentación legal, el exprimer edil indicó “ser necesario precisar que dicha versión es falsa y carece de sustento documental.
“Los documentos oficiales demuestran que la autorización para enajenar el inmueble no se originó en 2015, sino desde 2008, cuando la LIX (59) Legislatura del entonces Congreso del Estado de Zacatecas aprobó el Decreto 113, publicado en el Periódico Oficial el 9 de agosto de 2008”.
A detalle, el indica que “la decisión de autorizar la donación y la enajenación del predio fue tomada por el Poder Legislativo siete años antes, por lo que no fue una determinación de mi administración ni gestionarla ni aprobarla”, documenta.
Subrayó que “la autorización legal para disponer del inmueble fue otorgada por la Legislatura del Estado en 2008, no en 2015 porque esa es una prevaricación de la actual administración de José Saldívar”.
Insistió que “no autorizó ni decidió la donación o permuta del predio, ya que esa determinación había sido aprobada previamente por el Congreso estatal”.
Lo que correspondió a su administración, dijo, fue “únicamente protocolizar y formalizar jurídicamente una decisión previamente autorizada por el Poder Legislativo, en cumplimiento al procedimiento legal aplicable.
“Cualquier acto administrativo posterior derivó de un procedimiento previamente autorizado por el Congreso del Estado y no de una decisión unilateral del entonces presidente municipal.
“Lamentablemente, el comunicado oficial difundido por el Ayuntamiento omite este antecedente jurídico fundamental y genera una narrativa que induce a la ciudadanía a concluir, equivocadamente, que la operación nació durante la administración 2013-2016, cuando la realidad documental demuestra que su origen legal se encuentra en un decreto aprobado desde 2008; es decir, cinco años atrás.
Es importante distinguir entre la fecha de una escritura y la fecha en que fue autorizada legalmente la enajenación del inmueble, reiteró, ya que se trata de “actos jurídicos distintos debido a que la escritura no crea el derecho ni autoriza la donación, sino que únicamente protocoliza y formaliza una autorización previamente otorgada por la Legislatura del Estado.
“Por respeto a la ciudadanía, este tipo de asuntos deben informarse con apego a los documentos oficiales y al contexto jurídico completo, evitando afirmaciones que puedan confundir a la opinión pública o atribuir responsabilidades que no (me) corresponden”, concluyó Luévano Ruiz.
