“No Queremos más Arelys”
Por Nallely de León Montellano
El caso de Arely, una niña de 10 años víctima de violencia, abrió una discusión que organizaciones, académicos y especialistas buscan llevar ahora al terreno de las leyes, qué está fallando en la protección de niñas, niños y adolescentes y qué tendría que cambiar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
De acuerdo con Julieta Garza, integrante de la Colectiva Alas de Justicia Tabasco; a partir de este caso surgió la propuesta de la llamada “Ley Arely”, un planteamiento que pretende revisar el marco jurídico estatal y establecer mecanismos de prevención y atención frente a situaciones de violencia contra las infancias, particularmente cuando ésta ocurre en contextos donde también está involucrada la violencia contra las mujeres Detalló que propuesta será discutida el próximo 4 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en el Auditorio de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), durante un foro en el que se pretende reunir a especialistas en derecho, psicología y medicina, académicos, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y representantes del Poder Legislativo.
Para quienes impulsan la iniciativa, la justicia no termina con una resolución judicial. También debe contemplar la recuperación integral de la víctima, el acompañamiento a su familia y cambios en las instituciones que permitan prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Uno de los puntos que genera mayor debate es cómo debe responder el Estado cuando una conducta de violencia contra una niña o una mujer es cometida por un adolescente.
La intención, explicaron, no es dejar de lado los derechos de los menores ni desconocer el principio del interés superior de la niñez, sino encontrar un marco jurídico que permita atender de manera específica los casos relacionados con violencia contra las mujeres.
“No podemos dejarlo como que no pasó nada, porque sí pasó y nos dolió. Y puede volver a pasar”, señalaron durante la presentación de la propuesta. El académico Alfredo Jiménez Hernández, de las escuelas de Psicología y Medicina de la UAZ, llamó a mirar también hacia el entorno en el que están creciendo los adolescentes.
Señaló que las conductas violentas no pueden analizarse únicamente desde el ámbito penal, pues también intervienen factores familiares, sociales, educativos y de salud mental.
En ese sentido, explicó que tanto las víctimas como quienes ejercen violencia siendo menores de edad requieren atención.
La propuesta plantea analizar qué ocurre dentro de las familias, las escuelas y las comunidades, así como las condiciones que pueden favorecer que determinadas conductas violentas sean aprendidas y posteriormente reproducidas.
El proyecto contempla cuatro ejes de trabajo, la revisión del Código Penal respecto al grupo etario de adolescentes, modificaciones al Código Familiar para analizar responsabilidades de madres, padres o tutores, un eje de educación y análisis sociológico, y otro relacionado con salud y salud mental. La intención es que la prevención no comience cuando el daño ya ocurrió, sino desde las primeras etapas de formación.
Por ello, se plantea trabajar desde preescolar, primaria y secundaria, con herramientas para atender la salud mental y detectar oportunamente situaciones de violencia o riesgo.
También se busca incorporar una perspectiva de género que permita reconocer las diferencias entre las experiencias de niñas y niños y las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan las niñas frente a determinadas formas de violencia.
Al foro fueron convocadas instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Educación, el Poder Judicial, la Coordinación General Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, las secretarías de Salud y de las Mujeres, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, el Sistema Estatal DIF y áreas encargadas de prevención del delito.
También se espera la participación de legisladores, organizaciones civiles, colectivos, especialistas, barras de abogados y universidades.
Por su parte, Liz Lazo, agregó que, desde el Instituto Federal de Defensoría Pública en Zacatecas también se planteó la importancia de que la iniciativa incorpore una perspectiva de género y de derechos humanos, considerando las condiciones particulares que pueden colocar a niñas y niños en situaciones distintas de vulnerabilidad.
La intención de quienes impulsan la propuesta es que lo que se discuta el 4 de septiembre no quede únicamente en declaraciones. Los resultados de las mesas serán entregados al equipo técnico de la Legislatura para trabajar en una posible reforma y, posteriormente, buscar que el planteamiento pueda llevarse a otras entidades y al ámbito nacional.
Asimismo, quienes participan en este esfuerzo insisten en que el caso de Arely no debe quedarse solamente como un expediente judicial. Plantean que también debe servir para revisar qué está pasando con las infancias, qué están haciendo las familias, las escuelas y las instituciones y qué herramientas hacen falta para detectar y atender la violencia antes de que vuelva a ocurrir un caso como éste.
“No queremos más Arelys” señalaron, al insistir en que la discusión debe traducirse en medidas concretas para proteger a niñas, niños y adolescentes en Zacatecas.
