Solo Entre 12 y 13% Accede a la Escuela
Investigadores de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho expusieron la grave problemática que enfrentan los menores de esta población flotante
Las familias jornaleras agrícolas migrantes que llegan cada temporada a Zacatecas enfrentan obstáculos para acceder a educación, salud, identidad, seguridad y condiciones dignas de alojamiento, por lo que desde el Congreso del Estado buscan construir una ruta de atención que involucre a distintas instituciones.
Durante la presentación de una mesa de análisis sobre esta población, investigadores de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho expusieron algunos de los hallazgos obtenidos durante trabajos de campo realizados en municipios como Villa de Cos, Guadalupe, Río Florido y Calera, además de experiencias en Guanajuato, Chiapas y Michoacán.
Lizbeth Soto Casillas, quien ha participado durante cuatro años en este trabajo de campo, explicó que la movilidad de estas familias está determinada por los ciclos de cosecha y no por los calendarios escolares, lo que dificulta que niñas, niños y adolescentes mantengan una trayectoria educativa continua.
De acuerdo con los datos expuestos, apenas entre 12 y 13% de los niños de familias jornaleras se inscriben en escuelas, mientras que el resto queda incorporado al trabajo jornalero o acompaña a sus familias a los campos desde edades tempranas.
A ello se suma el problema de la identidad. Los investigadores encontraron personas adultas, niñas y niños que no cuentan con registro, situación que puede convertirse en una barrera para acceder a la educación y a servicios de salud. Entre los obstáculos mencionados están la distancia de los registros civiles y las barreras de lenguaje, particularmente para integrantes de pueblos indígenas que no encuentran intérpretes al realizar trámites.
En materia educativa, señalaron que solamente una parte de las zonas donde se concentra esta población cuenta con atención escolar. En Zacatecas se han identificado 12 escuelas destinadas a población jornalera agrícola migrante, aunque varias han desaparecido y otras funcionan como planteles multigrado con carencias de materiales y expuestas a condiciones climáticas adversas.
La problemática también alcanza la salud y la seguridad. Durante los trabajos de campo se han identificado comunidades donde no llegan brigadas de atención médica, además de dificultades para acceder a servicios preventivos, como atención dental.
También se han detectado riesgos para niñas y niños en los propios campos y lugares donde habitan las familias, relacionados con exposición al calor, lluvias, pozos de riego y espacios de alojamiento sin condiciones adecuadas de protección.
El diputado Martín Álvarez Casio señaló que durante su experiencia como autoridad municipal en Fresnillo pudo conocer directamente las condiciones en las que llegan algunas familias jornaleras, y calificó como deficientes los espacios de alojamiento en los que en ocasiones se concentran, por falta de servicios básicos, higiene, atención educativa y sanitaria.
Estimó que alrededor de 15 mil personas jornaleras llegan al estado, aunque reconoció que la cifra varía dependiendo de la producción agrícola de cada temporada.
Buscan una Respuesta que Involucre a Varias Instituciones
La propuesta contempla integrar una mesa interinstitucional con participación de áreas de derechos humanos, salud, campo, economía, seguridad pública, cultura, Incufidez, ayuntamientos y la Secretaría del Trabajo a nivel federal.
La intención es revisar los problemas detectados desde distintos ámbitos y determinar qué acciones pueden emprenderse: desde exhortos y convenios hasta modificaciones legales o una nueva iniciativa de ley.
Carlos Alberto de Ávila Barrios, secretario técnico de la Comisión de Justicia, informó que el equipo jurídico ya revisa las leyes estatales relacionadas con salud, educación y seguridad, así como el marco laboral vigente a nivel federal.
Señaló que el objetivo no es crear normas aisladas, sino revisar qué disposiciones ya existen y cuáles requieren modificaciones para garantizar derechos como jornadas laborales, descansos, capacitación, servicios de salud y atención para las hijas e hijos de las personas jornaleras.
La mesa de análisis está prevista para el 14 de octubre. A partir de sus resultados se pretende elaborar, en un periodo aproximado de tres semanas, una propuesta que podría traducirse en una iniciativa de ley, exhortos, convenios u otras acciones, dependiendo de las necesidades que se identifiquen.
Álvarez Casio sostuvo que la intención es que el problema deje de depender de la voluntad ocasional de una autoridad y se convierta en una política pública integral para las familias jornaleras que llegan a Zacatecas.
“Donde exista un niño o una niña, existen sus derechos”, plantearon durante la presentación de los trabajos.
