Por Jorge Nader Kuri
Imagine usted que un familiar padece cáncer y, después de muchos esfuerzos, consigue el medicamento que necesita. El tratamiento comienza y todos esperan que funcione. Pasan las semanas, la enfermedad avanza y surge una posibilidad terrible: quizá lo que recibió nunca fue el medicamento que le prescribieron, sino una falsificación.
Parece una historia difícil de creer, pero en México se falsifican incluso medicamentos oncológicos. Las autoridades sanitarias han emitido alertas y la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones relacionadas con este mercado ilegal.
El asunto merece una reflexión que vaya más allá de las alertas sanitarias. Durante años hemos asociado la falsificación con mercancías piratas, marcas copiadas y pérdidas económicas para las empresas. Esa perspectiva resulta insuficiente cuando el producto falsificado es una medicina. Aquí el engaño puede costarle la vida a alguien que, precisamente, estaba luchando por conservarla.
Desde el derecho penal, la diferencia es fundamental. La falsificación de medicamentos constituye una conducta expresamente sancionada por la Ley General de Salud. Pero cuando de ella resultan lesiones o una muerte, la investigación debe examinar también esos resultados y su posible atribución penal. Para ello será indispensable establecer, mediante pruebas científicas, qué contenía el producto, cuáles fueron sus efectos y si existe una relación causal con el daño sufrido. Y aquí aparece un problema particularmente preocupante.
Se ha señalado que, en ocasiones, los envases y etiquetas de medicamentos sospechosos terminan desechados después de su administración. Con ellos puede desaparecer información indispensable para identificar el producto, reconstruir su procedencia y acreditar una conducta delictiva. Quienes hemos trabajado en procuración de justicia sabemos cuánto puede afectar una investigación la pérdida de un indicio aparentemente menor. Por eso considero necesario revisar cómo se conectan nuestros sistemas sanitarios y de justicia penal. Los hospitales, las instituciones de salud, y las autoridades encargadas de investigar requieren mecanismos efectivos para detectar productos sospechosos y preservar oportunamente la evidencia, con pleno respeto a las necesidades de atención médica. Se trata de que cada institución asuma la responsabilidad que le corresponde y de que la información llegue a tiempo a quien debe actuar.
También debemos mirar hacia la distribución de medicamentos. Una falsificación que consigue llegar al paciente ha recorrido un camino comercial que debe ser investigado. Identificar ese recorrido puede revelar responsabilidades y, sobre todo, impedir que otros enfermos reciban productos de la misma procedencia.
México cuenta con una legislación que permite sancionar estas conductas. El verdadero desafío está en conseguir que esa protección jurídica se traduzca en investigaciones eficaces y en responsabilidades debidamente acreditadas ante los tribunales. Porque de poco sirve castigar severamente la falsificación de medicamentos si quienes lucran con ella encuentran en las dificultades de la investigación una oportunidad para permanecer impunes.
Y es que pocas conductas resultan tan indignantes como aprovecharse de la enfermedad ajena. Quien adquiere un medicamento contra el cáncer deposita en él algo mucho más valioso que su dinero: la esperanza de recuperar la salud o, cuando menos, de prolongar la vida. Convertir esa esperanza en un negocio mediante el engaño merece una respuesta penal proporcional a la gravedad de sus consecuencias.
Al final, debemos comprender que la falsificación de medicamentos es mucho más que un problema de marcas comerciales o de vigilancia sanitaria. Detrás de una medicina falsificada puede haber una vida que se pierde mientras alguien se enriquece con la esperanza de salvarla. (El Universal)
X: @JorgeNaderK
Abogado penalista.
