Ernesto González Romo Evade Responder
Cuestiona adjudicaciones directas a dos empresas; según el boletín de la legisladora, Función Pública no respondió específicamente sobre esas contrataciones.
Por Redacción
La diputada Renata Libertad Ávila Valadez exigió esclarecer adjudicaciones directas por alrededor de 100 millones de pesos a dos empresas vinculadas con el programa Mundial Social (Fotos: Anahí Encina)
La diputada Renata Libertad Ávila Valadez exigió esclarecer adjudicaciones directas por alrededor de 100 millones de pesos a dos empresas vinculadas con el programa Mundial Social, durante la comparecencia del secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, ante la Legislatura de Zacatecas.
La legisladora del Partido del Trabajo pidió conocer si fueron revisadas las justificaciones para contratar sin licitación, la capacidad de las empresas para ejecutar los trabajos y la entrega de las obras. De acuerdo con el boletín difundido sobre su intervención, el funcionario no ofreció una respuesta específica sobre esas contrataciones.
Durante la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Ávila Valadez retomó una investigación de NTR que señaló la asignación directa de 44 proyectos a Construservicios del Mineral, por aproximadamente 49.24 millones de pesos, y de 25 contratos a Productos y Servicios Pares, por alrededor de 51 millones.
En su posicionamiento, expuso que el programa contempló una inversión aproximada de 126 millones de pesos para intervenir cien canchas deportivas en treinta municipios, con aportaciones estatales por 64.1 millones y federales por 61.9 millones.
La diputada preguntó si Función Pública había examinado los dictámenes de adjudicación y comprobado que las empresas contaran con capacidad técnica, material, financiera y operativa para cumplir los compromisos.
También solicitó verificar que los trabajos hubieran sido realizados, entregados y recibidos conforme a las condiciones contratadas.
429 Licitaciones Bajo Cuestionamiento
Ávila Valadez abordó además la investigación periodística de Heraclio Castillo sobre mil 430 licitaciones publicadas entre septiembre de 2021 y septiembre de 2026. De ellas, mil 254 contaban con fallo, por aproximadamente 14 mil 636 millones de pesos.
Según los datos citados por la legisladora, en 429 procedimientos fue descalificada la propuesta económicamente más baja, con una diferencia potencial estimada de 250.8 millones de pesos. Otros 281 procedimientos tuvieron una sola propuesta participante.
La petista precisó que esas cifras no demuestran, por sí mismas, actos de corrupción, pero obligan a explicar las decisiones y comprobar que estuvieron justificadas.
Cuestionó también que inicialmente se hubiera restado importancia a la investigación por considerarla parte de una confrontación política y que después se anunciara una revisión por instrucciones del gobernador.
“La obligación de investigar no puede depender de la interpretación política que se haga sobre quien presenta información de interés público”, sostuvo.
Secretario Reporta 30 Contratos Revisados
Sobre la revisión de las licitaciones señaladas, González Romo informó que habían examinado 30 contratos sin encontrar irregularidades hasta ese momento, según el boletín.
Explicó que la propuesta más económica no necesariamente debe ganar, porque las empresas también deben acreditar capacidad técnica, financiera y operativa. Anunció que los resultados de la investigación serían presentados públicamente en aproximadamente dos semanas.
Ávila Valadez reconoció los reportes de fiscalización federal que señalaron cero pesos por aclarar en la Cuenta Pública 2024 y en la primera entrega de 2025. Sin embargo, advirtió que esos resultados corresponden a revisiones determinadas y no equivalen a una certificación general de todos los procedimientos de la administración.
En su posicionamiento también preguntó si existía alguna investigación sobre el origen de los recursos destinados a los llamados Foros por la Transformación.
Respecto al parque vehicular de Protección Civil, el boletín señala que González Romo atribuyó las limitaciones para renovar unidades a restricciones presupuestales y medidas de austeridad, sin precisar fechas ni compromisos concretos.
