Instan a Tello a Emitir Disculpa Pública
Por Cristo González
María de la Luz Domínguez Campos, (Foto: Archivo Página 24)
Derivado del expediente de queja referente a los hechos acontecidos el 10 de abril de 2019 en la Unidad Académica de Derecho de la BUAZ, donde perdió la vida Marcos García Benavides, se acreditaron las violaciones a los derechos a la vida en su modalidad de ejecución extrajudicial.
Después de una investigación objetiva, imparcial y pegada a legalidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) que preside María de la Luz Domínguez Campos, emitió la recomendación, misma que detalló a Página 24 Zacatecas.
La presidenta de este organismo informó que la recomendación es dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), en donde acredita violaciones a los derechos de acceso a la justicia, al honor, reputación y vida privada, así como a la legalidad y seguridad jurídica.
La CDHEZ acreditó fehacientemente que el 10 de abril de 2019, los elementos de la Policía de Investigación detuvieron de manera arbitraria a Marcos García Benavides, además de utilizar tácticas y técnicas de detención inapropiadas, además del uso excesivo de la fuerza pública que derivó en la asfixia por sofocación torácica abdominal, lo que le ocasionó la muerte.
El organismo defensor de los derechos humanos recomendó a la Fiscalía que la investigación que realiza el Ministerio Público se centre en el homicidio y consecuentemente en la ejecución extralegal, así como determinar la responsabilidad de los servidores públicos, realizando una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, apegada a la debida diligencia.
Además, se emitió la recomendación al director de la Unidad Académica de Derecho, Juan Carlos Guerrero Fuentes, por obstaculizar el proceso de investigación de este organismo, al no entregar las videograbaciones en las cuales se observaba los hechos donde perdiera la vida la víctima.
También fue señalado por la falta de colaboración con esta institución al negarse a asistir a declarar, situación que infringe con la ley, en donde señala que todos los servidores públicos deben de colaborar con los organismo defensores de derechos humanos.
En la reparación al derecho al honor, reputación y vida privada se solicitó al gobernador, Alejandro Tello Cristerna, que emita una disculpa pública, al haber proporcionado públicamente información que no había sido verificada.
En la recomendación, además se establece asentar en el Registro Estatal de Víctimas, a Marcos García y a su familia, a efecto que se cumpla con la reparación integral, asimismo se investigue el homicidio de la víctima, se someta al proceso judicial correspondiente y se sancione a los responsables.
