“Son 816 mil Beneficiados con 27 Programas Sociales”
Por Manuel Medina Castro

Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado local por el extinto Partido Encuentro Social (PES) (Foto: Archivo Página 24)
Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado local por el extinto Partido Encuentro Social (PES), señaló en entrevista para Página 24 Zacatecas que a casi dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el segundo informe de labores dejó ver que se han tenido cambios importantes, uno de ellos y que será la trascendencia de su gobierno, es el combate a la corrupción.
Subrayó que es de resaltar el apoyo económico que ha dado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, con 27 programas sociales y recursos para la obra más importante del quinquenio del gobernador Alejandro Tello Cristerna, la autopista a Aguascalientes.
Calzada Vázquez dijo que Andrés Manuel en su segundo informe ha puesto el acento en una política social que tiene rasgos distintos a los anteriores gobiernos, donde se ha evitado el clientelismo apoyando directamente al beneficiario sin ninguna intermediación.
“En Zacatecas tenemos 816 mil beneficiarios de 27 programas sociales que significan una derrama económica de dos mil 200 millones de pesos para la entidad, junto con las remesas de nuestros paisanos son lo que ha mantenido, en esta situación de pandemia y lo que ha conllevado el efecto económico negativo, que haya subsistencia por lo menos para las necesidades más elementales como es la alimentación de las familias”.
El diputado local comentó que el gobierno de López Obrador ha invertido en infraestructura para Zacatecas, como es la obra de la autopista a Aguascalientes, que el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoce como uno de los más importantes proyectos de su quinquenio.
“De los compromisos que hizo (Andrés Manuel) en la campaña no todo se traduce en transferencia de recursos, el logro más notorio es el combate frontal a la corrupción”, comentó Calzada Vázquez Declaró que el presidente de México primero inició con el combate al “huachicol” evitando el robo del combustible, lo que significó un ahorra a las instancias públicas, siguió con el armado de diversos expedientes para castigar actos de corrupción de la administración anterior, como es el caso de Rosario Robles Berlanga, quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, acusada de actos de corrupción y un quebranto a las finanzas públicas.
Lo mismo sucedió con el abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado Mocelo, a quien también se le acusa de actos de corrupción y también se investiga a Emilio Lozoya Austin, quien dirigía Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de entregar sobornos millonarios para la aprobación de la Reforma Energética impulsada por el entonces gobierno priísta del país.
