No hay Voluntad, Acusa, Para Investigar Actos Corruptos del Gobierno del Estado
Por Cristo González
José Narro Céspedes acusó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) inició una “cacería” contra ediles cuando no se he hecho nada en el caso del proyecto Milpillas ni con el dinero destinado a la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) (Foto: Merari Martínez)
Tras señalar que “lo parejo no es chipotudo”, el senador José Narro Céspedes acusó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) inició una “cacería” contra ediles cuando no se he hecho nada en el caso del proyecto Milpillas ni con el dinero destinado a la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).
En conferencia de prensa, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que es preocupante que en estas últimas fechas se ha observado cómo esta instancia ha iniciado procesos penales contra algunos presidentes municipales que pareciera que son “incómodos al poder gubernamental”.
Tal es el caso del alcalde de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga y la síndica municipal Alma Lucía Leos, que por la supuesta “no presentación de la cuenta pública de 2019 y dispersión de un recurso”, el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco pidió a la LXIII Legislatura local que el primero sea desaforado y la segunda separada del cargo, con la finalidad de ahondar las indagatorias del caso.
Para Narro Céspedes, esta situación podría ser de una índole distinta a la investigación de un delito: “Pudiéramos pensar que es una cacería política contra aquellos presidentes municipales que son disidentes o que tienen diferencias contra quienes actualmente gobiernan la entidad”, afirmó.
“Es preocupante que el señalamiento sea principalmente por cuestiones de corrupción, cuando no hemos visto que se tenga la voluntad de actuar contra situaciones graves que se presentaron con el anterior gobierno (alonsista), y una de las primeras premisas con las que arribó Alejandro Tello Cristerna, es que sería un gobierno diferente, que se lucharía contra la corrupción como una práctica importante del actual gobierno”, tronó.
“Vimos también el tema de los 65 millones de pesos que le dieron al Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) para organizar la Fenaza sin ningún acuerdo y un manejo discrecional, encorchetado esas cuentas públicas por 10 años para que si hay delitos, prescribieron en el camino, toda vez que los delitos de fraude tienen vigencia de cinco años en el Código Penal local”, advirtió el legislador federal.
“No debemos estar a favor de que se utilice la Fiscalía para perseguirlos. Expresar solidaridad con los alcaldes, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, pero es importante que no se utilicen los instrumentos de procuración de justicia para buscar, perseguir, acosar y tratar de disciplinar alcaldes”, concluyó.
