Con Acusaciones Falsas y Tortura, Fiscalía de Durango Acusa a la Doctora Carrillo de “Intento de Homicidio”’

Diputados se Solidarizan con la Médica Zacatecana

Por Manuel Medina Castro

En sesión ordinaria la LXIII Legisla­tura comunicó que apoya y se solidariza con la doctora Azucena Guadalupe Carrillo Calvillo, quien fue apresada por la Fiscalía General del Estado de Durango acusada con pruebas simu­ladas y torturada para que firmara su culpabilidad de tentativa de homicidio en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, Hé­ctor Silva Delfín, internado como pa­ciente COVID-19 en el hospital donde labora la médica.

La detención de Azucena Carrillo, originaria de Zacatecas, causó molestia en la comunidad médica de Durango, que se movilizó, paró vialidades de esa ciudad, logrando la libertad de su compañera el miércoles 9 de diciembre, después de las 2:00 horas.

La acusación supuestamente se sus­tentaba con un video en donde se observa a una persona, a la que no se puede identificar, vestida con un traje de atención a pacientes con COVID-19, manipular la máquina a la que estaba conectado el magistrado, hospitalizado por ser portador del virus.

Ante ello, Velia Patricia Silva Delfín, actual delegada del Instituto Mexi­cano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas y hermana del magistrado, interpuso la denuncia que causó la de­tención de Carrillo Calvario, cuando la médica zacatecana, según lo refiere su abogado, la hora y día de los hechos se encontraba en su casa, durmiendo.

Lo que ha desatado un sinfín de cues­tionamientos en torno a la Fiscalía de Durango que actuó de manera corrupta para satisfacer a Silva Delfín.

La primera diputada en posicionarse al respecto fue María Navidad Rayas Ochoa, integrante del Movimiento Re­generación Nacional (Morena), quien pronunció que Carrillo Calvario es cercana a su familia y sostuvo que la médica padeció las viejas prácticas del poder: “La famosa ley de Herodes, o te chingas o te jodes”.

Precisó que Azucena Carrillo nació y creció en Zacatecas, estudió medicina y para realizar su residencia fue que llegó a Durango, donde debido a su buena labor fue contratada por varias instituciones de ese estado como jefa de terapia intensiva y actualmente estaba al pie del cañón atendiendo a los enfermos de COVID-19.

Primero se pensó que estaba desapa­recida ya que no se supo nada de ella por más de 12 horas, pero fue privada de su libertad por la Fiscalía, al respec­to, Alfredo Femat Bañuelos, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), informó en un conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, que la doctora fue torturada para hacerle firmar una confesión de culpabilidad; apuntó que Azucena fue por muchos años su vecina, por lo que la conoce y es cercana a ella.

Continuó Rayas Ochoa, quien señaló que aunque la Fiscalía de Durango pre­sentó prueba fácilmente desechadas, la doctora aún tiene que pelear por limpiar su nombre, por algo que no cometió.

“Sólo porque el familiar de un pa­ciente tiene grandes influencias se cree con la capacidad de mermar toda ley”, añadió la legisladora local.

Finalmente comentó: “A Azucena se le va hacer justicia por ser médico, por ser mujer, por ser zacatecana, en cualquier parte del país, no estás sola”.

Susana Rodríguez Márquez diputada por el Partido Verde Ecologista de Mé­xico (PVEM), expuso que la Fiscalía de Durango utilizó la intimidación, amenazas y secuestro y añadió que lo acontecido esa entidad contra la ga­leana, trasluce los sistemas basados en la tortura que creíamos se habían ido.

“Hay que alzar la voz, alto, fuerte y claro, porque no es posible que perso­nal médico este expuesto a estos actos de barbarie judicial”. Añadió que debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) quien atraiga el caso y sancione a quienes hayan cometido esta arbitra­riedad.

Karla Dejanira Valdez Espinoza, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Alma Gloria Dávila Luévano, Jesús Padilla Estrada de Mo­rena; Francisco Javier Calzada Vázquez del Partido Encuentro Solidario (PES); Emma Lisset López Murillo (PAN); Mónica Flores Mendoza del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Gabriela Pinedo Morales del Partido del Trabajo (PT), se sumaron al pronun­ciamiento y dijeron que es necesario que se envié un documento oficial del Congreso del Estado a la Fiscalía de Durango para que se escuche el sentir de las y los diputados y de los zacate­canos referente a lo acontecido con la doctora Carrillo Calvario.

Asimismo, coincidieron que estarán atentos al proceso que se siga en contra de la doctora, pues fue liberada pero continúa su defensa de manera libre, ya que la fiscalía quitó el delito de intento de homicidio y puso el de negligencia médica, lo que deja más dudas en el actuar de esa instancia.