Por Cristo González
María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) (Foto: Archivo/Página 24)
María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ), condenó que durante la pandemia se han implementado diversas estrategias como toques de queda en municipios, arrestos administrativos y multas como parte de estas restricciones.
A decir de la defensora de los derechos humanos, este tipo de medidas son contrarias a la normatividad, como los toques de queda aprobados por algunos Cabildos; mientras que las detenciones fueron de manera arbitraria sin fundamentos, sólo porque no portaban el cubrebocas o no cerraban los negocios.
“También hubo la imposición de multas, y de manera recurrente los retenes policiacos en Fresnillo y Jerez, entre otras partes del estado, impidiendo la libertad de tránsito y violentando los derechos humanos de las personas”, destacó.
Advirtió que estas medidas implementadas por las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, no son más que arbitrariedades por el abuso de poder, quedando lejos el hecho de que cumplan con sus obligaciones y determinaciones en términos de leyes, afectando a la población.
Asimismo, determinó que los oficiales no pueden hacer uso de la fuerza ni abuso de poder para hacer cumplir la ley, de lo contrario, tienen que cumplir con los protocolos.
Agregó que durante la contingencia sanitaria ha incrementado la violencia familiar y específicamente contra las mujeres, aunque también han aumentado los problemas de salud mental por la angustia, depresión y estrés que causa el aislamiento social, que en algunos casos ha derivado en suicidios.
Durante el año pasado se contabilizaron 108 suicidios, de los cuales, 16 corresponden a menores de edad que desafortunadamente se han quitado la vida, lo que ha generado una “terrible crisis social”.
Domínguez Campos sostuvo que por ello han pedido a las autoridades competentes que hagan campañas de difusión de la salud mental.
Mencionó que por ello no han cerrado ninguna de las oficinas de la instancia a la que acuden las víctimas de algún atropello a los derechos humanos.
