El Proceso Seguirá Hasta Generar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: Rodríguez
Por Claudia de Santiago
Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Foto: Archivo Página 24)
En relación con las irregularidades en la entrega de permisos experimentales, Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que será el Tribunal de Justicia Administrativa quien tenga la última palabra en cuanto a las sanciones que se les pudieran emitir a los funcionarios públicos que han sido señalados en esta situación, en caso de ser culpables.
Señaló que se continuará el proceso hasta generar el informe de presunta responsabilidad administrativa, el que se dará a conocer, tanto a los denunciantes como a los servidores públicos, señalados como responsables.
“En el informe de presunta responsabilidad se determinan tres puntos: primero, si existió la conducta; segundo, si esa conducta es irregular y amerita una falta; y por último, quiénes son los servidores públicos que la cometieron y que deben de responder por ello”, externó.
En este sentido, expuso que los funcionarios tendrán que responder y la oportunidad de defenderse dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa.
En cuanto a las sanciones que pudieran surgir de esta situación, la funcionaria apuntó que la Ley de Responsabilidad Administrativa es muy clara, ya que existe un catálogo de sanciones, las cuales van desde una amonestación privada o pública, suspensión temporal o definitiva de un servidor público, la inhabilitación, así como sanciones económicas.
Destacó que la investigación continúa luego del cese del exsubsecretario de transporte, la cual, enfatizó se dio por recomendación de la SFP con la finalidad de preservar las actuaciones y de que no siguieran existiendo irregularidades.
Recordó que, desde febrero y marzo, los concesionarios estuvieron presentando denuncias en cuanto a la expedición de permisos que se habían otorgado de manera irregular, ya que no fueron otorgadas ni firmadas por el gobernador Alejandro Tello Cristerna: “Fueron otros servidores públicos los que ostentaron esta facultad que no les correspondía. La investigación está corriendo, tenemos documentación que acredita la existencia de estos documentos”.
