Campesinos Exigen a Segalmex que Abra Centros de Acopio
Por Cristo González
Un grupo de campesinos provenientes de Sombrerete, Trancoso, Río Grande, Villa González Ortega y Guadalupe, condenaron que todavía no se abran los centros de acopio para la comercialización del frijol (Foto: Rocío Castro)
Un grupo de campesinos provenientes de Sombrerete, Trancoso, Río Grande, Villa González Ortega y Guadalupe, condenaron que todavía no se abran los centros de acopio para la comercialización del frijol.
En conferencia de prensa, Fernando Galván Martínez, líder de productores de Río Grande, indicó que se movilizaron, pese a que sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría del Campo (Secampo), de la de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en la que el acuerdo fue que desde ayer se abrirían.
“Todo apunta a que no abran los centros de acopio para que no suban el precio del frijol. Por eso venimos una comisión de productores a pedir que abran los centros de acopio, se comprometieron a abrirlos este viernes”, advirtió.
No obstante, precisó que no hay señales de que abrirán estas acopiadoras, considerando que Segalmex no tiene la capacidad para atender a los productos y su cosecha, pese a que se autorizó una bolsa de 11 millones de pesos para la compra del frijol en los centros de acopio.
Debido a que siguen cerrados es que en algunos lugares como en Trancoso, el grano pinto y negro de riego, se está comercializando entre ocho y 10 pesos.
“Que abran los centros de acopio para que sepan los coyotes que se comprará en por lo menos 14.50 pesos, pero a los funcionarios no les interesa, quieren que les piquemos las costillas y se molestan porque hacemos tomas”, agregó.
Pese a los bajos precios que actualmente lo acaparan los intermediarios, los productores se ven en la necesidad de malbaratar el grano porque tienen que pagar sus insumos y deudas que los mantienen ahorcados.
Frente a esta situación condenaron que no se establezca el precio de garantía por parte de las autoridades federales, apuntando que son aliados del coyotaje.
