Ahora lo Acusan de Amenazas: Efraín Arteaga
Por Manuel Domínguez Caldera
José Luis Figueroa Rangel (Foto: Rocío Castro Alvarado)
En conferencia de prensa en la sala de comisiones de la LXIV Legislatura del estado, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Rangel, comentó que hacen un atento y enérgico llamado para que se proteja la integridad de los habitantes de Salaverna, comunidad del municipio de Mazapil, donde desde hace más de 10 años continúa un litigio contra la empresa minera “Ocampo Mining”, que busca despojar a los habitantes de la zona.
“Queremos informarles que actualmente se encuentra desconfiado por una situación legal que enfrentará el próximo viernes, por una denuncia que se realizó en su contra por amenazas.
Las demás denuncias por invasión y que se han trabajado en el Tribunal Agrario, o las denuncias de abuso, amenaza y saqueo, han quedado en trámite.
Entonces por eso hablamos de un procedimiento jurídico inadecuado e injusto”.
En el uso de la voz, el abogado y activista Efraín Arteaga Domínguez, detalló la situación legal del delegado y defensor de Salaverna, Roberto de la Rosa Dávila, quien ha sido citado al tribunal ubicado en Concepción del Oro, para resolver una demanda en su contra por el supuesto delito de “amenazas”.
Explicó que le citan para llevar a cabo dos audiencias consecutivas; sin embargo los dos citatorios tratan sobre formulación de imputaciones en su contra.
Ante esto, Arteaga Domínguez, aseguró que hay una “persecución penal desde el gobierno del estado y el Poder Judicial”, ya que están a favor de los grandes capitales y empresas, privilegiando a las industrias mineras por sobre los habitantes de las comunidades.
Roberto de la Rosa Dávila, explicó que desde hace años han interpuesto diversas demandas ante las instancias correspondientes, por lo que llamó a no privilegiar la justicia sólo a las grandes empresas o a la corrupción.
Además, mencionó que ellos poseen la tierra desde hace mucho tiempo ya que cuentan con los registros necesarios para autenticar su propiedad.
Sin dejar de mencionar que ya han presentado denuncias por daños al medio ambiente, a la salud, así como a la propia población.
Sin embargo, las autoridades judiciales y del estado han desamparado a estos ciudadanos que se resisten a abandonar sus hogares a pesar del peligro y las constantes amenazas por parte de las empresas mineras.