“También en Pinos, por Parte de los Alcaldes”
Por Nallely de León Montellano
En conferencia de prensa, integrantes de la Red Plural de Mujeres de Zacatecas, denunciaron actos de violencia política por razones de género en contra de servidoras públicas de los municipios de Jerez y Pinos, responsabilizando a los alcaldes de ambos municipios José Humberto Salazar Contreras y Omar Téllez Aguayo, respectivamente.
En este tenor expusieron que, en el caso del municipio de Jerez, actualmente se está violentando a la síndica municipal Adriana Márquez Sánchez a quien le han impedido realizar debidamente las funciones que demanda su cargo, así como intentos por removerla del mismo; de igual manera, señaló que existen dos trabajadoras más de este ayuntamiento quienes están siendo violentadas por el primer edil.
Nos encontramos hoy aquí en apoyo y acompañamiento a este caso, porque es ilustrativo de lo que viven muchas de las síndicas de la entidad, a quienes de manera reiterada se les obstruye el ejercicio del cargo negándoles información, exigiéndoles que firmen contratos con sobreprecios.
Del mismo modo, señalaron que, en su momento, Alma González Ávila y Ana Ma. Acevedo Carrillo quienes se desempeñaron como directora de Desarrollo Económico y directora del Registro Civil, respectivamente, fueron destituidas de sus funciones y presuntamente violentadas, bajo el argumento de que no fueron electas para ocupar dichos cargos, y cuyos casos permanecen en la impunidad.
De igual manera, mencionaron que actualmente se encuentran brindando acompañamiento a Yahaira Adilene Lugo Leyva, quien tenía el cargo de Tesorera municipal en Pinos al inicio de la actual administración, cuyo caso no ha avanzado en ninguna de las diferentes instancias a las que ha acudido, por lo que, señalaron, las autoridades deben revisar a fondo si sus procedimientos son funcionales para las víctimas.
Por lo anterior, exigieron al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas resolver a la brevedad el caso de la síndica de Jerez quien ha sido presuntamente violentada por el presidente municipal y un grupo de funcionarios del ayuntamiento.
En el mismo orden de ideas, que las instancias donde se encuentran los casos de Ana María Acevedo y Alma González Ávila les den celeridad a ambos procesos, que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres brinde acompañamiento eficiente a las víctimas señaladas.
Además, exigieron a la actual legislatura que realice en lo inmediato las reformas necesarias para atender y sancionar la violencia política contra las mujeres a efecto de garantizar el acceso a la justicia a quienes lleguan a ocupar cargos públicos por designación o concurso.
“A todos los partidos políticos les exigimos cese la comisión de la violencia política en contra de sus compañeras militantes, toda vez que son entidades de interés público obligadas a respetar de manera irrestricta la Ley, además de que, para violentar a las mujeres, utilizan recursos de origen público que provienen de nuestros impuestos”.