“Y el Retiro Inmediato de Maquinaria”
Por Miguel Alvarado Valle
Ayuntamiento de Zacatecas demanda reparación de daños por obra suspendida del viaducto elevado (Foto: Rocio Castro Alvarado)
El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, anunció que exigirá la reparación de los daños causados al bulevar por la inconclusa obra del viaducto elevado, la cual permanece suspendida por resoluciones judiciales.
El edil afirmó que el gobierno municipal está obligado legal y moralmente a solicitar tanto a la empresa constructora como a la administración estatal el retiro inmediato de maquinaria, escombros y materiales, además de la restauración de luminarias desmontadas sin autorización.
La notificación formal se hará efectiva este lunes, en respuesta a las demandas de organizaciones ciudadanas que han encabezado una intensa lucha jurídica contra el proyecto.
Durante una rueda de prensa, representantes de la asociación civil Ciudadanía Participativa de Zacatecas agradecieron la disposición del Ayuntamiento capitalino para respaldar sus exigencias.
Juan Francisco Valerio Quintero, uno de los voceros de la asociación, destacó la importancia de este respaldo institucional como parte de un ejercicio de transparencia y respeto al derecho ciudadano de ser informados y de participar en decisiones que afectan su entorno.
Señaló que el proyecto no solo violenta principios legales, sino que representa un riesgo a la vida misma, por la cercanía de un gasoducto y la vulnerabilidad de la bóveda subterránea del bulevar, según informes presentados por el propio gobierno del estado ante los jueces federales.
Los activistas relataron que desde hace 16 meses han sostenido una batalla por considerar al viaducto elevado una obra innecesaria, cara e impuesta de manera autoritaria por el gobernador David Monreal Ávila.
Detallaron que, aunque el proyecto se presentó públicamente en diciembre de 2023, los contratos con una empresa de Tabasco datan de 2022 y que la obra inició sin permisos ni estudios requeridos.
Pese a múltiples oficios y solicitudes, la administración estatal ignoró los llamados a mostrar documentación técnica o a abrir espacios de diálogo, lo que obligó a interponer una serie de amparos ante el Poder Judicial.
Indicaron que hasta ahora, han logrado obtener tres suspensiones, una provisional y dos definitivas, además de otras más promovidas por despachos jurídicos y partidos políticos.
De acuerdo con los voceros del colectivo, existen más de 30 amparos adicionales en curso, y están preparando 200 más, pues consideran que solo una presión legal sostenida podrá detener el avance del proyecto de manera definitiva.
Resaltaron que, aunque las suspensiones definitivas son un logro, el proceso legal continúa y no puede darse por concluido hasta que exista una resolución de fondo por parte de las autoridades administrativas y judiciales.
Finalmente, el equipo legal del movimiento advirtió que no existe aún una sentencia definitiva de amparo, pero que las suspensiones actuales, avaladas por jueces federales, ya reconocen el riesgo a la vida derivado de la obra.