“¿Quién soy yo Para Intimidar?”, Dice Secretaria de SAMA
Por Nallely de León Montellano
Susana Rodríguez Márquez (Fotos: Rocío Castro Alvarado)
La secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, rechazó tajantemente las versiones sobre supuestas amenazas hacia ejidatarios de Jiménez del Teúl, quienes desde hace años han manifestado su rechazo al proyecto de la presa Milpillas mediante marchas, comunicados y ruedas de prensa.
“De ninguna manera hemos amenazado a nadie, eso lo digo tajantemente. Hemos insistido, sí, porque soy muy tempranera y empiezo a mandar mensajes desde las 6:00 de la mañana; si eso fue una ofensa, ofrezco una disculpa, pero fuera de eso no hay ningún tipo de intimidación, ni nada. ¿Quién soy yo para intimidar a nadie? Por favor”, expresó la funcionaria al ser cuestionada sobre el tema.
Susana Rodríguez también se refirió al estado actual del proyecto. Explicó que la fase técnica ya se concluyó y que actualmente se realizan los trámites de la manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este paso es indispensable antes de llegar a la licitación.
“Eso forma parte de un previo para la licitación. Los tiempos del calendario se modificaron sin duda, y esperemos que para fin de este año estemos concluyendo todo el tema de la certeza de los predios para poder avanzar”, señaló.
La titular de SAMA aseguró que se mantiene abierta la disposición al diálogo con las comunidades que se oponen al proyecto.
“Hacemos un atento llamado a quienes no están convencidos, que nos permitan acercarnos a platicar y confiamos en que logremos un mejor avance”, dijo.
El proyecto Milpillas, concebido como una de las obras estratégicas para resolver el problema de abasto de agua en Zacatecas y Fresnillo, enfrenta desde su planteamiento una firme resistencia social. Los ejidatarios de Jiménez del Teúl han argumentado que la presa afectará su territorio, sus recursos naturales y su modo de vida comunitario.
Más allá de los avances técnicos y administrativos, el conflicto evidencia el choque entre las políticas estatales de infraestructura hídrica y el derecho de las comunidades rurales a decidir sobre su futuro, una disputa que mantiene vivo el debate sobre la justicia ambiental y social en Zacatecas.
