Culpa a Jenny González
Por Nallely de León Montellano
Integrantes de la colectiva Universitarias Violetas (Foto: Rocío Castro Alvarado)
Integrantes de la colectiva Universitarias Violetas, acompañadas por docentes, alumnas y familiares, denunciaron públicamente actos de violencia, hostigamiento y discriminación dentro de la Unidad Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). En rueda de prensa realizada la maestra Ingrid Castrellón expuso que desde su ingreso en 2023 ha sido objeto de comentarios y descalificaciones que ponen en duda su capacidad docente, así como de acusaciones basadas en supuestos nexos personales.
Estas expresiones, señaló, han derivado en un clima de violencia que incluso escaló a amenazas directas de un alumno, quien le expresó deseos de agredirla físicamente. La académica recordó que, en su momento, tuvo que recurrir a la Fiscalía del Estado, ya que la universidad carecía de protocolos eficaces para atender estos casos.
Sin embargo, la problemática persistió y alcanzó un punto crítico el jueves pasado, cuando un grupo de docentes y Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ irrumpieron en el salón de clases donde impartía Química Agrícola, gritándole frente al alumnado que no tenía derecho a dar clases por supuestamente no haber cumplido con los procesos de evaluación.
“El sindicato que debería defender mis derechos me humilló públicamente”, denunció la maestra Ingrid, al señalar que esta acción fue acompañada por directivos y miembros del SPAUAZ, lo que generó desconcierto y temor entre los estudiantes presentes. La docente aseguró que sí ha cumplido con procesos de evaluación académica y que su permanencia en la UAZ responde a méritos y trayectoria, no a favores ni a vínculos personales.
“He sido violentada por el sistema y ahora también por mis compañeros. Esta situación me ha dejado en estado de vulnerabilidad emocional y profesional”, expresó.
Además de los señalamientos personales, la colectiva denunció que existen prácticas de bloqueo en el acceso a convocatorias de la bolsa de trabajo del sindicato, lo que restringe oportunidades para docentes que buscan regularizar su situación laboral. Las afectadas insistieron en que su caso no es un hecho aislado, sino reflejo de una dinámica de discriminación y violencia estructural que viven muchas trabajadoras y estudiantes universitarias.
“No estamos aquí por pugnas políticas internas; estamos aquí porque fuimos vulneradas en nuestros derechos humanos”, subrayaron.
Ante la falta de acciones concretas por parte de la institución, Ingrid informó que interpuso una denuncia laboral y solicitó medidas de protección. También pidió a las autoridades universitarias y sindicales generar condiciones seguras para el ejercicio docente y establecer mecanismos claros de prevención y sanción frente a la violencia de género y laboral.
“En los espacios universitarios no tenemos por qué ser víctimas. Ni mujeres, ni alumnas, ni docentes. Lo que pedimos es justicia y respeto”, concluyó la docente.
