Son Mensajes Políticos: Emilia Pesci
Por Nallely de León Montellano
Emilia Pesci Martínez, integrante del movimiento feminista de Zacatecas (Foto: Diana Moreno Valtierra)
Emilia Pesci Martínez, integrante del movimiento feminista de Zacatecas, señaló que las recientes represiones policiales en el estado evidencian la falta de sanciones a los elementos que incurren en abusos y la permisividad de los mandos superiores hacia prácticas arbitrarias.
Recordó que la represión del 8 de septiembre, durante el informe del gobernador, en contra de colectivos de buscadoras, así como la más reciente ocurrida en la Feria Nacional de Zacatecas contra comerciantes –donde hubo agresiones físicas y verbales– forman parte de un patrón que se repite sin consecuencias para los responsables.
En ambos casos, existen evidencias gráficas que documentan lo ocurrido. Pesci Martínez aseguró que estas actuaciones no son hechos aislados, sino mensajes políticos que criminalizan la protesta socialcolocan a la ciudadanía como una amenaza.
“Llegan y golpean, sin observar principios básicos de legalidad, proporcionalidad o rendición de cuentas. Actúan porque saben que están respaldados”, señaló.
Agregó que al no haberse aplicado sanciones tras la represión ocurrida el 8 de marzo de 2023 contra mujeres manifestantes en Plaza de Armas, los abusos se han mantenido e incluso intensificado. Subrayó que estas conductas vulneran lo establecido en la Constitución y en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, además de contradecir protocolos locales y recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Desde el movimiento feminista, sostuvo que la respuesta no debe ser punitiva, sino exigir rendición de cuentas y auditorías sobre el cumplimiento de la normatividad en el actuar policial. Consideró que la violencia de las corporaciones genera un riesgo permanente para colectivos, comerciantes y ciudadanía en general, y que las agresiones refuerzan la desconfianza hacia las instituciones.
“Estas actuaciones desincentivan la denuncia y alejan aún más a la sociedad de las autoridades de seguridad pública. Su comportamiento no solo revictimiza, también expone a toda la población a un clima de inseguridad institucional”, concluyó.
