Reconocen el Respaldo de Ramírez Cuéllar
POR Nallely de León Montellano
Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Foto: Rocío Castro Alvarado)
Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano presentaron un informe sobre los avances obtenidos tras sus recientes gestiones en la Ciudad de México, donde representantes de al menos 25 estados participaron en mesas de diálogo relacionadas con la nueva Ley Hídrica, los precios de granos y la situación financiera del sector agrícola.
En conferencia de prensa, Néstor Santiago Murillo, dirigente del frente y representante de productores de Zacatecas, informó que uno de los principales logros ha sido detener temporalmente la reforma a la Ley Hídrica, la cual —señalaron— generaba preocupación entre agricultores por el riesgo de despojo de agua y tierras, así como por posibles afectaciones a la actividad agrícola.
Destacó que se acordó integrar al sector productivo en el análisis puntual de la iniciativa para que su contenido responda a las necesidades reales del campo y no deteriore su viabilidad. El dirigente agregó que, durante las reuniones sostenidas con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Rural y legisladores federales, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar se comprometió a respaldar la construcción de una agenda de trabajo para la próxima semana.
Subrayó que, hasta ahora, ha sido el único legislador que ha dado atención directa a las demandas del movimiento. Otro de los puntos abordados fue la salida de TECMED de la comercialización de granos como maíz, frijol, trigo y sorgo, así como la necesidad de establecer un mecanismo de regulación de precios que permita fortalecer la economía rural y garantizar condiciones más equitativas para pequeños, medianos y grandes productores.
También insistieron en la creación de una banca de desarrollo que otorgue créditos oportunos y acordes a la capacidad real de pago de los agricultores. Los representantes enfatizaron que existen problemas graves en materia de financiamiento y comercialización, por lo que urge fortalecer los canales que permitan que los productos lleguen directamente del productor al consumidor sin intermediarios que eleven los costos y reduzcan la rentabilidad del campo.
Entre sus solicitudes también se incluye la implementación de proyectos de tecnificación e infraestructura que permitan mejorar la productividad agrícola. Asimismo, los dirigentes pidieron que el Poder Legislativo federal incluya la voz de los productores en la discusión de leyes relacionadas con el sector, además de abrir espacios de interlocución con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ante lo que consideran una falta de atención directa a sus planteamientos.
Sobre el presupuesto federal destinado al campo, señalaron que los recursos aprobados para el próximo año siguen siendo insuficientes y no responden a la magnitud de la crisis que enfrenta el sector agrícola.
“Se requiere apoyo real, no cifras simbólicas”, señalaron.
Por su parte, Arnulfo Jaramillo Rodríguez, productor del municipio de Loreto, explicó que las gestiones realizadas en la capital del país permitieron obtener respuestas iniciales respecto a la certidumbre sobre títulos de concesión de agua, luego de que agricultores expresaron preocupación por versiones que señalaban que estos permisos dejarían de ser transferibles o heredables.
Según expuso, legisladores federales aseguraron que dichos títulos no serán modificados, aunque los productores solicitaron que esta aclaración se emita de manera oficial.
Jaramillo destacó también la necesidad de una planeación nacional en materia de precios agrícolas que involucre a productores, comercializadores e industriales, con el fin de evitar prácticas monopólicas que elevan las ganancias de unos cuantos mientras reducen la rentabilidad del campo y encarecen productos básicos como la tortilla. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que continuará con su agenda de trabajo durante las próximas semanas.
Advirtió que, aunque ahora se prioriza el diálogo, las acciones de activismo y movilización se retomarán en caso de que no haya avances o se presenten retrocesos en los compromisos adquiridos por las autoridades federales.
