Madres se ven Forzadas a Trabajar sin Recuperación Plena, Advierte
Por Nallely de León Montellano
Renata Libertad Ávila Valadez, durante la sesión ordinaria del Congreso (Foto: Diana Moreno Valtierra)
Durante la sesión de este jueves en la LXV Legislatura, dos temas que impactan directamente en la vida cotidiana, el precio de la tortilla y las condiciones laborales de las mujeres, marcaron parte de la discusión en tribuna, con llamados a replantear decisiones públicas desde un enfoque más cercano a la realidad de la gente.
Por un lado, la bancada de Movimiento Ciudadano, a través de la diputada Ana María Romo Fonseca, advirtió sobre un posible incremento en el precio de la tortilla y pidió la intervención del Gobierno Federal para evitar que el impacto recaiga en las familias.
Señaló que el alza estimada, de entre dos y cuatro pesos por kilogramo, no es menor si se considera que más del 90 por ciento de la población consume este alimento de manera regular.
En Zacatecas, el precio ya se ubica entre los 22 y 24 pesos por kilo, lo que, expuso, refleja una presión constante sobre el gasto alimentario, especialmente en hogares con ingresos limitados.
La legisladora apuntó que detrás de este escenario hay factores como el encarecimiento de insumos, el costo de la energía y la inflación, pero subrayó que no se puede dejar todo el peso al consumidor.
Como parte de su planteamiento, propuso abrir una mesa de diálogo a nivel nacional en la que participen dependencias como Economía, Sader y Profeco, junto con productores del sector, para revisar los costos reales de producción y evitar incrementos desproporcionados.
También planteó analizar esquemas de apoyo para pequeños y medianos productores, con el fin de amortiguar el impacto sin trasladarlo directamente a la ciudadanía.
En otro momento de la sesión, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, del Partido del Trabajo, usó la tribuna para presentar una iniciativa enfocada en ampliar el periodo de incapacidad por maternidad en casos de cesárea, al considerar que la legislación actual no responde a las condiciones reales de recuperación de las mujeres.
La propuesta busca que el descanso posterior al parto pase de seis a ocho semanas cuando se trate de una cesárea, procedimiento que, recordó, implica una cirugía mayor y un proceso de recuperación más prolongado que un parto natural. Actualmente, la ley establece un periodo uniforme de 42 días, sin distinguir entre ambos casos.
Ávila Valadez señaló que esta omisión genera una desventaja para las mujeres, al obligarlas a reincorporarse a sus actividades laborales sin haber completado su recuperación física. Añadió que el tema cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que en México más del 50 por ciento de los nacimientos se realizan mediante cesárea.
Desde su perspectiva, no se trata sólo de un ajuste laboral, sino de una medida que impacta directamente en la salud de las madres y en sus condiciones de cuidado durante las primeras semanas posteriores al parto.
