No hay Denuncias de Actos de Coacción: Miranda
Por Miguel Alvarado Valle
El secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro (Foto: Rocío Castro Alvarado)
La resolución del panel laboral del T-MEC sobre la minera Camino Rojo ha abierto un nuevo frente de tensión en Zacatecas, al confirmar que la empresa actuó con “aquiescencia” frente a amenazas del crimen organizado contra trabajadores sindicalizados.
Este señalamiento, sumado a la determinación de que existen vínculos entre acciones penales y laborales, coloca el caso en un terreno delicado tanto para la empresa canadiense Orla Mining como para las autoridades, al tratarse de un mecanismo internacional que puede derivar en sanciones.
En este contexto, el secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, fijó postura y calificó la situación como “muy lamentable”, aunque buscó deslindar al gobierno estatal de responsabilidad directa.
Señaló que la administración encabezada por el gobernador David Monreal Ávila ha trabajado para contener la inseguridad, destacando que la entidad se ubica actualmente entre los 10 estados más seguros del país, según afirmó, además de referir una disminución en la percepción de inseguridad entre la población.
Miranda Castro insistió en que el señalamiento del panel internacional no recae sobre el gobierno estatal, sino directamente en la empresa minera.
Subrayó que desde el primer momento se ha mantenido comunicación con directivos de Orla Mining, a quienes, dijo, se les ha solicitado aclarar los hechos.
El secretario enfatizó que, al tratarse de una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Canadá, las implicaciones del fallo podrían ser significativas en términos financieros y reputacionales.
Uno de los puntos centrales de la declaración del secretario fue la ausencia de denuncias formales en el ámbito local, retomando lo dicho por el fiscal estatal Cristian Paul Camacho Osnaya, de que no existe “una sola denuncia” ni investigaciones abiertas relacionadas con los presuntos actos de coacción.
En ese sentido, atribuyó la visibilidad del caso a publicaciones periodísticas derivadas de los paneles de conversación sobre el tratado de libre comercio de América del Norte, más que a procesos judiciales iniciados en Zacatecas.
Miranda Castro sugirió que el conflicto podría estar inuido por intereses gremiales, más que por hechos plenamente acreditados en instancias locales.
No obstante, el secretario reconoció preocupación por el momento en que surge el caso, al coincidir con la autorización de nuevos permisos para empresas mineras.
Finalmente, hizo un llamado directo a los trabajadores para que, en caso de enfrentar amenazas o actos delictivos, presenten denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública.
Aseguró que las instituciones actuarían con oportunidad, como ha ocurrido en otros casos, reiterando el discurso oficial sobre la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio doloso en Zacatecas.
