Atacante Podría ser Internado Hasta un año, Afirma
Por Miguel Alvarado Valle
El procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del SEDIF, Álvaro García Hernández (Foto: Diana Moreno Valtierra)
La agresión física y sexual que sufrió una niña de 10 años, cometida por un adolescente de 13, en el municipio de Tabasco, Zacatecas, representa un caso sin precedentes durante la actual administración estatal, al involucrar a dos menores de edad y por el nivel de violencia registrado, afirmó el procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del SEDIF, Álvaro García Hernández.
Señaló que la dependencia no había recibido anteriormente un reporte en el que estuvieran involucrados de manera directa dos menores de edad y con un grado de violencia de esta magnitud.
Explicó que la Procuraduría conoció del caso a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado y precisó que será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del adolescente señalado como responsable.
Debido a que tiene 13 años de edad, indicó, no puede ser sometido a un procedimiento penal como un adulto conforme a la legislación vigente, por lo que las medidas que eventualmente se impongan estarán sujetas a lo que establezca el juez.
García Hernández detalló que, si durante la investigación se acreditan las lesiones y las circunstancias del caso, el juez podría ordenar un internamiento de hasta un año en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, medida considerada como la máxima prevista para un menor de esa edad en este tipo de procedimientos.
También podrían imponerse otras medidas como atención psicológica, tratamiento especializado en caso de comprobarse consumo de sustancias, trabajo en favor de la comunidad o acciones orientadas a la rehabilitación y reinserción, dependiendo de la valoración judicial.
El procurador consideró que hechos de esta naturaleza reflejan problemáticas sociales que requieren atención integral, entre ellas la desarticulación familiar y el posible consumo de drogas entre adolescentes.
No obstante, aclaró que hasta el momento no existe confirmación de que el adolescente investigado por estos hechos hubiera actuado bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que corresponderá a la Fiscalía establecerlo mediante los estudios y peritajes correspondientes.
Por otro lado, tras conocerse el caso, la colectiva SORORA manifestó su solidaridad con la menor y su familia, además de exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con las autoridades competentes, una investigación exhaustiva con perspectiva de niñez, género y derechos humanos.
La organización pidió que todas las actuaciones se realicen sin estereotipos ni prejuicios y que se evite cualquier forma de revictimización, al tiempo que solicitó aplicar el rigor especializado que contempla el sistema de justicia para adolescentes.
En el mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas expresó su preocupación por los hechos y exhortó a las autoridades a conducir las investigaciones privilegiando el interés superior de la niñez.
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación, usuarios de redes sociales y a la población a no difundir imágenes, nombres o cualquier dato que permita identificar a las personas menores de edad involucradas, además de evitar la propagación de información no verificada.
El organismo reiteró la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes mediante entornos familiares y escolares seguros, atención a la salud mental, educación en derechos humanos y una cultura de paz.
