Investigación de la Universidad de California en Berkeley
Un total de 337 periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinados en México entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley.
El registro contabiliza 78 periodistas y 259 personas defensoras de derechos humanos, y forma parte de la plataforma Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico, presentada el pasado 24 de septiembre como una herramienta de consulta pública.
La investigación abarca del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024 y analiza no solamente los homicidios, sino un contexto más amplio de violencia que incluye agresiones físicas, desapariciones, espionaje, hostigamiento digital y acciones judiciales contra quienes realizaban labores periodísticas o de defensa de derechos humanos.
De acuerdo con Berkeley, el equipo documentó y verificó 75 incidentes relacionados con asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.
Entre las víctimas se encuentran periodistas que daban cobertura a temas como crimen organizado y corrupción, así como defensores del territorio y el medio ambiente, de los derechos de las mujeres y personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos.
El centro señala que en varios casos las víctimas habían informado previamente sobre amenazas a las autoridades y que algunas estaban incorporadas al mecanismo federal de protección cuando fueron asesinadas.
Otro de los aspectos revisados por la investigación fue la respuesta de las autoridades. Berkeley señala que, en una amplia mayoría de los casos estudiados, no había personas condenadas por los hechos.
También Documentan Espionaje
La investigación incluyó el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas y críticos del gobierno.
Para ello, el equipo revisó registros de contratación, expedientes judiciales y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron expuestos en la filtración conocida como Guacamaya en 2022, con el propósito de rastrear la adquisición y operación de programas de espionaje.
Berkeley sostiene que investigaciones forenses confirmaron el uso del software Pegasus contra periodistas y críticos durante el periodo analizado, pese a las negativas del gobierno.
También fueron revisadas campañas de hostigamiento digital y procedimientos legales utilizados contra personas dedicadas al trabajo informativo.
Plantean Posible Revisión de la Corte Penal Internacional
En un análisis complementario, Lindsay Freeman, investigadora vinculada al proyecto, explica que el registro de víctimas fue elaborado mediante la comparación de bases de datos existentes y la verificación de los incidentes.
A partir de la información reunida, plantea que las distintas agresiones deberían analizarse de manera conjunta para determinar si pueden constituir persecución en los términos establecidos por el Estatuto de Roma, por lo que considera que el material podría ameritar un examen preliminar de la Corte Penal Internacional.
La propia investigadora aclara que corresponde a los fiscales determinar qué casos podrían formar parte del patrón señalado y que la investigación de Berkeley no constituye una sentencia ni establece que una misma autoridad haya ordenado los 337 homicidios.
El planteamiento, por tanto, apunta a que se investigue la posible relación entre los distintos ataques, sus responsables y la actuación de las instituciones encargadas de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
