Diputada Estrada García Presenta Iniciativa
La diputada Carla Guadalupe Estrada García
El embarazo, la maternidad y el periodo de lactancia no deberían convertirse en una razón para que una estudiante abandone sus estudios, por lo que se propuso incorporar de manera expresa a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas la obligación de garantizar la permanencia escolar de niñas y adolescentes que se encuentren en estas condiciones.
La iniciativa fue presentada por la diputada Carla Guadalupe Estrada García, quien planteó adicionar un artículo 44 Bis a la legislación educativa para establecer que ninguna alumna pueda ser condicionada, suspendida, restringida o excluida de sus estudios por encontrarse embarazada, ser madre o estar en periodo de lactancia.
El planteamiento parte de una problemática que, de acuerdo con los datos citados durante la presentación, mantiene una dimensión importante en Zacatecas.
Según las estadísticas de nacimientos de 2024 referidas en la iniciativa, en el estado se registraron 1,115 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años.
De ellos, 60 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años; 162 a adolescentes de 15 años; 360 a jóvenes de 16 y 537 a adolescentes de 17 años.
La iniciativa señala que el embarazo durante la adolescencia puede interrumpir las trayectorias educativas y profundizar condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad económica, particularmente entre las mujeres.
Además de las consecuencias relacionadas con la salud, la interrupción de los estudios puede dificultar posteriormente su incorporación a la vida laboral y limitar sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos.
La propuesta busca que la permanencia en la escuela quede protegida expresamente en la legislación, incluso cuando una estudiante enfrente un embarazo, maternidad o periodo de lactancia.
¿Qué Cambiaría?
De aprobarse, las autoridades educativas y las instituciones públicas y privadas tendrían que garantizar el derecho a la educación de las alumnas sin discriminación y otorgar las facilidades necesarias para su inscripción, permanencia, evaluación y conclusión de estudios.
También tendrían que establecer medidas de flexibilidad académica y realizar adecuaciones razonables en aspectos como la enseñanza, evaluación y asistencia, de acuerdo con las condiciones de cada estudiante.
La iniciativa plantea además que las escuelas deben evitar cualquier acto de estigmatización, exclusión o trato diferenciado que pueda afectar la integridad de las alumnas o impedir su desarrollo educativo.
Todas estas medidas deberán aplicarse, según el proyecto, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atendiendo al interés superior de niñas y adolescentes.
La propuesta también contempla que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, tengan un plazo de hasta 180 días naturales para adecuar sus reglamentos internos, lineamientos y protocolos una vez que el decreto entre en vigor.
El objetivo, explicó la legisladora, es que la maternidad durante la adolescencia no represente una ruptura definitiva con la educación y que las estudiantes puedan continuar su formación en condiciones de dignidad y equidad.
